Opinión FT: El ilegítimo tercer mandato de Maduro en Venezuela

El viernes, el Presidente venezolano Nicolás Maduro planea desafiar a su propio pueblo y al mundo democrático al asumir su tercer mandato consecutivo de seis años después de haber robado una elección en julio pasado. Un nuevo mandato de Maduro perpetuaría el régimen responsable de un colapso económico prácticamente sin precedentes en tiempos de paz y de una ola de represión que ha encarcelado a unos 1.800 presos políticos y ha provocado un éxodo de casi 8 millones de refugiados en el extranjero, más que los de Siria o Ucrania.

La oposición democrática, liderada por María Corina Machado, ha encabezado una valiente y pacífica campaña contra el fraude de Maduro, aportando pruebas mediante copias de actas oficiales de los centros de votación para demostrar que el candidato de la oposición Edmundo González ganó las elecciones por un margen de más de dos a uno.

González ha estado viviendo en el exilio en España, pero ha prometido regresar a Venezuela y desafiar las amenazas de arresto para reclamar la presidencia el viernes, mientras que Machado ha estado organizando protestas desde un escondite secreto.

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Maduro, a pesar de las reiteradas solicitudes de la comunidad internacional, no ha logrado presentar ninguna prueba que respalde su supuesta victoria, respaldada por aliados como Rusia, China e Irán. En el poder desde 2013, se apoyará en el ejército, la policía y los temidos servicios de inteligencia respaldados por Cuba para extender su régimen.

El tercer mandato ilegítimo del líder venezolano le presenta a la administración entrante de Trump uno de sus primeros grandes desafíos de política exterior. La administración Biden intentó negociar con Maduro, pero su política fracasó porque se basó en la ingenua presunción de que el líder venezolano entregaría el poder voluntariamente.

En cambio, Maduro obtuvo concesiones estadounidenses sobre las sanciones petroleras sin cumplir sus propias promesas de una elección limpia. La represión de Maduro desde el falso resultado y su negativa a aceptar la oferta de negociación de Brasil y Colombia sugieren que pretende permanecer en el poder mientras el ejército venezolano se lo permita.

Trump debería resistirse a las voces de las comunidades petroleras y de tenedores de bonos que le instan a llegar a un acuerdo lucrativo con Maduro. En cambio, debería escuchar a figuras como Marco Rubio, secretario de Estado designado, o Mike Waltz, su elección como asesor de seguridad nacional. Han abogado por reforzar la oposición democrática y reducir el apoyo militar a Maduro endureciendo las sanciones a Venezuela.

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EEUU debería empezar por cancelar todas las licencias otorgadas por la administración Biden a Chevron y otras compañías petroleras que les permiten operar en Venezuela. La Unión Europea (UE) y el Reino Unido también tienen un papel importante. Deberían ampliar las sanciones a los altos funcionarios venezolanos para reflejar la lista estadounidense, cerrando las lagunas que actualmente permiten que algunas figuras clave del régimen disfruten de activos y viajes en Europa.

Los argumentos de que las sanciones no funcionarán son erróneos. Maduro teme a las sanciones más que a cualquier otra medida, tanto que su régimen aprobó el año pasado una ley que ordena penas de 25 años de prisión, la confiscación de todos los bienes y la prohibición política de por vida para cualquier venezolano que las defienda. La mayoría de las medidas duras de la primera administración Trump apenas entraron en vigor en 2019 y se vieron socavadas por las lagunas legales europeas y el cálculo (correcto) del régimen de que una administración Biden resultaría más receptiva a un acuerdo.

El pueblo venezolano ha demostrado a través de las urnas un fuerte deseo de un cambio político profundo. Ahora es el momento de que Occidente y la América Latina democrática le den su apoyo incondicional y aumenten la presión sobre el régimen ilegítimo de Caracas.