Las crisis de Gustavo Petro: 365 días entre escándalos políticos y de corrupción

El primer Gobierno de izquierda en décadas en Colombia cumplió este lunes un año. Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño con la mirada firme en llevar a cabo reformas profundas al país. Una vez electo aseguró al diario El País de España que las modificaciones "se hacen el primer año o no se hacen". 

En estos 365 días sólo logró pasar la tributaria. Las demás (pensiones, laboral y salud) se fueron entrampando en el Congreso con los meses, llevando hoy al jefe de Estado a decir que -ahora- "no está obsesionado con aprobar las reformas". 

Ese cambio en el discurso puede ir bien de la mano con la cantidad de escándalos que ha vivido el mandatario en 12 meses.  Recientemente quedó en el fuego cruzado de una investigación que involucra a su hijo Nicolás, en el que supuestamente se habría manejado dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial el año pasado.

Aunque el acusado -ya en libertad condicional- desmintió sus propias declaraciones y dijo que su padre no tenía conocimiento del fluyo del dinero ilegal, el daño estaba hecho. Las consecuencias del caso están por verse. Aun queda por ver cuál será el impacto para Petro y su popularidad, que ha venido en picada desde fines de 2022. 

Tras el primer mes de gestión, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) le dio al exsenador y exguerrillero un 69% de aprobación. Para el cierre de 2022, según la firma Invamer, el presidente registró un respaldo menor al 50% y con el correr de 2023 el desgaste se ha hecho más evidente. Al cierre de junio, el estudio le da un 33% de respaldo popular.

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Los escándalos de corrupción

Además del caso del hijo, la Fiscalía también investiga por presunto abuso de autoridad y supuesta financiación ilícita de la campaña presidencial al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, y a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia.

El episodio rememoró los viejos escándalos de "chuzadas" (intervenciones telefónicas) de mandatos anteriores. Y es que, según se conoció, ambas autoridades estuvieron involucradas en interceptaciones de las conversaciones a una empleada de la Casa de Nariño -niñera de Sarabia- a quien acusaro de robar US$ 7.000. 

A Marelbys Meza, además, la sometieron a un interrogatorio clandestino, por demás ilegal. 

A partir de entonces, se destaparon diferencias entre Benedetti y Sarabia, ya que uno acusaba al otro de filtrar información a los medios de comunicación sobre el proceso y la investigación irregular, en la que sindicaron a Meza de ser integrante del Clan del Golfo, todo con tal de justificar las interceptaciones.

Esa crisis llevó al Legislativo a congelar las discusiones de las reformas en la Cámara de Representantes, trabando aún más la intención del Gobierno de sacar adelante en el primer año las iniciativas. No se logró.

A ello habría que sumar otros señalamientos de presuntos malos manejos de recursos públicos, como los que se han asomado en el caso de la vicepresidente de Petro, Francia Márquez, y el uso de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para desplazarse cotidianamente hacia su casa en la localidad de Dapa, al centro del país.

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Duros golpes

La idea era facilitar el tránsito de sus estructurales reformas a cambio de ceder unos cuantos puestos de poder en el gabinete. Pero, la historia cambió. De 18 ministros salieron siete y también el titular de la oficina de actividades presidenciales. 

Sin embargo, la gran sorpresa estuvo en la arena económica. Petro removió del ministerio de Hacienda a José Antonio Ocampo (Liberal), un nombre que, por cierto, confirió tranquilidad a los mercados financieros cuando tomó el mando de las finanzas públicas. Su reemplazo recayó en una figura cercana al presidente: Ricardo Bonilla. 

En julio cayó la ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, quien abandonó el cargo presionada por acusaciones que la vincularían a presunto tráfico de influencias.

La investigan por dos casos: los contratos del Gobierno con su esposo Sjoerd Van Grootheest y por la salida de su hijo del país sin los documentos requeridos por Migración Colombia.

Así, Petro ha tenido 29 ministros en su primer año de gobierno, además de un designado que aún no toma posesión, y solo quedan siete de las 18 autoridades originales. 

Los cambios han reflejado las variaciones de la orientación del Ejecutivo. El Gabinete ya no integra a los sectores de la política tradicional; ha girado hacia la izquierda, con personas más cercanas al círculo de confianza del mandatario. Asimismo, la paridad se ha quebrado: con los últimos designados en Minas y en Cultura, son 11 hombres frente a ocho mujeres.