México defiende asilo de exprimera ministra peruana y rechaza ruptura diplomática con Perú

El Gobierno de México defendió este martes su decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra del exPresidente peruano Pedro Castillo, y calificó como “injustificada” la decisión del Gobierno sudamericano de romper relaciones diplomáticas con México.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte -en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente-, junto con Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe, y Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur, sostuvo que la medida está plenamente fundamentada en el derecho internacional y en la tradición humanista mexicana.

“El gobierno de México otorgó asilo a la señora Betssy Chávez, y solicitó al Gobierno de Lima que se le conceda el salvoconducto correspondiente para abandonar ese país”, informó Roberto Velasco Álvarez.

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El funcionario explicó que la decisión se tomó tras una evaluación conjunta entre la SRE y la Secretaría de Gobernación, conforme a la Constitución mexicana, la Convención de Caracas sobre Asilo Político y la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político.

“Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Actuamos en estricto apego al derecho internacional. El otorgamiento del asilo nunca debe considerarse un acto inamistoso”, enfatizó.

Velasco añadió que México rechazó la ruptura diplomática anunciada por Lima, aunque precisó que las relaciones consulares continuarán: “Actuamos de forma pacífica, con un sentido humanitario. La amistad entre los pueblos de México y Perú continúa”, subrayó.

Por su parte, Raquel Serur Smeke recordó que México tiene una larga historia de protección a perseguidos políticos, desde los refugiados españoles del franquismo hasta víctimas de dictaduras latinoamericanas.

Serur Smeke insistió en que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, y subrayó que solo el Estado asilante puede determinar si una persona es víctima de persecución política.

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