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Fiscal de Argentina pide 12 años de prisión para Cristina Fernández e inhabilitación perpetua por corrupción

"Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", consideró el fiscal Diego Luciani, quien solicitó el decomiso de los 5.321 millones de pesos argentinos, monto en el que se defraudó al Estado.

Por El Cronista, Argentina / Foto: Reuters I Publicado: Martes 23 de agosto de 2022 I 09:32
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El fiscal federal de Argentina, Diego Lucianim pidió este lunes 12 años de prisión inhabilitación perpetua para ocupar cargos para la actual vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco del juicio por la obra pública. Este pedido se extendió a los otros 11 ex funcionarios involucrados para quienes se pidió penas que van de los seis a los 12 años. 

Luciani solicitó, además, el decomiso de 5.321 millones de pesos argentinos, monto en el que -según estimó su par, Sergio Mola, al exponer en el juicio- se defraudó al Estado. Al tipo de cambio actual en ese país esta suma asciende a los US$ 926 millones.

A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Fernándes; al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López; a Lázaro Báez y al extitular de la dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.  

Para ellos pidió penas de entre 10 y 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En su alegato final, consideró que se trató de "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de actuar con "ánimo de lucro y codicia".

Además, dijo que "parte de los ingresos ilícitos de Lázaro Báez fueron al patrimonio personal de Néstor Kirchner y Cristina Fernández".

La hoy vicepresidenta está acusada, además de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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