Dueño del Real Madrid busca “embargar” a Perú: un revés en caso Metro de Lima
La batalla legal con la empresa de Florentino Pérez podría costar US$ 315 millones a la nación andina. ¿Cómo se configuró la deuda?

Florentino Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid, es también un empresario español que encabeza ACS, contratista con presencia global. ¿Por qué estos nombres le interesan a Perú? Porque este grupo forma parte del consorcio que tiene a cargo la Línea 2 del Metro de Lima, y hay un laudo arbitral de por medio.
El conflicto del "Laudo Metro" inició en 2017, cuando ACS y sus socios expusieron en una demanda los incumplimientos de Perú en cuanto al contrato que viabilizaría el proyecto de transporte subterráneo en la capital. La falta de entrega de los terrenos donde ejecutar las obras y la tardía aprobación de los estudios de ingeniería detonaron la pérdida de paciencia de la multinacional, según recabó El País de España.
La respuesta del Estado fue una contrademanda -que ascendía a más de US$ 700 millones- por presuntos perjuicios medioambientales y socioeconómicos, pero no tuvo éxito.
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Después de casi siete años de audiencias, el 21 de marzo de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a Perú al pago de US$ 456 millones, pero la cifra sufrió un ajuste y quedó en US$ 315 millones.
Rafael Sánchez, especialista en Arbitraje Nacional e Internacional y de Inversiones de Rodríguez Angobaldo Abogados, precisa por qué: "Perú hizo un pago parcial de US$ 106 millones. También una parte del dinero está formalmente suspendida: US$ 56 millones".
Pasados los meses, el incumplimiento del abono de la cifra restante propició la reacción de ACS, que le pidió a la Justicia de Luxemburgo el embargo de la deuda en activos.
El Perú, no obstante, consiguió que la ejecución del "Laudo Metro" sea suspendida provisionalmente a nivel internacional mientras avanza un proceso de anulación. Es más, y en respuesta a lo de Luxemburgo, en un comunicado reciente recalcó: "Cualquier decisión judicial extranjera que ignore esta suspensión violaría el Convenio Ciadi (...)".
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