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Colombiana Promigas lleva al Estado peruano ante el Ciadi por la disputa de tarifas de gas natural

“Esto realmente es muy negativo para el sector porque no se está reconociendo las inversiones eficientes que realizamos”, dijo Promigas en exclusiva a Gestión.

Por Gestión, Perú / Foto: Gestión I Publicado: Martes 18 de marzo de 2025 I 11:00
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Quavii, marca comercial de Gases del Pacífico, que es una empresa de la colombiana Promigas en Perú, responsable de la distribución de gas natural en el norte. Hoy, esta compañía está lista para llevar al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), así lo confirma en exclusiva Miguel Maal Pacini, gerente general de la firma, a Gestión, después de idas y venidas con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Una vez que se terminó la vigencia de la tarifa que inicialmente había establecido ProInversión dentro del proceso para adjudicar el proyecto, correspondía que el Osinergmin calculara una nueva para los próximos cuatro años. El proceso fue así: la prepublicación de la tarifa, por parte del regulador, tuvo lugar el 20 de noviembre del 2024; la publicación -tras comentarios- fue el 27 de diciembre; y la absolución del recurso de reconsideración (presentado por la empresa ante el organismo) fue el 5 de este mes.

La clave está en entender cómo se compone la tarifa. Cuando Osinergmin da a conocer su posición tras analizar el recurso de reconsideración de la empresa, reconoce una tarifa al usuario final de US$ 14,66 por millón de BTU, donde US$ 8,7 por millón de BTU corresponde a la distribución y transporte virtual (US$ 1,37 el transporte virtual y US$ 7,34 para la distribución).

Este US$ 8,7 por millón de BTU está por debajo del US$ 12 por millón de BTU inicial establecido por el contrato de concesión y, para la empresa, no toma en cuenta las inversiones eficientes que se han realizado. De hecho, Maal remarca que el Osinergmin y la empresa han tenido notables diferencias en todos los componentes de la tarifa.
"Esto realmente es muy negativo para el sector porque no se está reconociendo las inversiones eficientes que realizamos. Por supuesto, desincentiva futuras inversiones, deja muchas inquietudes de la estabilidad regulatoria e incluso uno podría catalogarlo como una expropiación", precisó.

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