El Gobierno de Milei votó a favor de Cuba en la ONU para levantar el embargo
La posición de apoyo a la isla fue unánime por parte de los países de América Latina y el Caribe.

En un sorpresivo movimiento, el Gobierno argentino votó este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas en rechazo al embargo económico de Estados Unidos a Cuba.
La resolución obtuvo 187 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel, ) y una abstención (Moldavia).
La posición de apoyo a Cuba, en tanto, fue unánime por parte de los países de América Latina y el Caribe.
De esta manera, la Asamblea General aprobó por 32° oportunidad consecutiva la resolución que pide el fin del embargo que rige desde 1960 y que se fue endureciendo en diferentes momentos históricos, alcanzando a terceros países a partir de 1992, fecha en la que la Asamblea General emitió su primera petición a Estados Unidos para ponerle fin.
Si bien había quienes creían que con la llegada de Javier Milei a la presidencia el Gobierno podría llegar a cambiar su posición histórica respecto a lo que sucede en la isla, la misión argentina volvió a acompañar el pedido.
"Nuestra posición histórica es en contra de las medidas coercitivas unilaterales consideradas ilegales si no provienen del Consejo de Seguridad", explicaron el voto desde Cancillería al ser consultados por El Cronista.
"La comunidad internacional abrumadoramente, una vez más, le dice a #EEUU #TumbaElBloqueo", resaltaron desde la embajada de Cuba en Argentina a través de una publicación en redes sociales.
El texto, presentado por Cuba, reafirma, entre otros principios, "la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales", y exhorta a todos los Estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, instando a la derogación de ese tipo de medidas a quienes aún las impongan, informaron desde la ONU.
Del mismo modo, expresa preocupación por disposiciones reglamentarias, como la promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, conocida como "Ley Helms-Burton", "cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación".
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