Tras una pugna de más de 21 años, regulador de Brasil finalmente autorizó a Nestlé a comprar Garoto
En el acuerdo, las empresas se comprometen a cerrar el pleito que cuestionaba la resolución anterior de la autoridad. Además, se obligaron a no adquirir activos de competidores por cinco años.
El Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), de Brasil aprobó este miércoles la compra de Garoto por parte de Nestlé, poniendo fin a un proceso que marcó un hito en la historia de la ley de competencia en Brasil y se extendió por más de 21 años.
En el acuerdo, las empresas se comprometen a cerrar el pleito que cuestionaba la resolución anterior de la autoridad. Además, se firmaron otros compromisos con la agencia, entre ellos la obligación de no adquirir por cinco años activos de competidores que en conjunto representen participación en el mercado de chocolates igual o superior a 5%, medida por ingresos del año anterior a cada operación. Durante siete años, además, las empresas también tendrán que comunicar al Cade operaciones que no necesariamente tendrían que ser informadas según los criterios de la ley. Por el mismo período, tampoco podrán participar en ninguna acción tendiente a aumentar los impuestos a la importación, obstaculizar el libre comercio internacional de chocolates o crear barreras ilícitas que dificulten la entrada de nuevos actores a la industria.
Las empresas además se comprometieron a mantener las inversiones en la fábrica de Garoto en Vila Velha. Un observador independiente supervisará el cumplimiento de los términos del acuerdo. Junto con ello se establecieron multas en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos.
Fin del conflicto
Gustavo Bastos, vicepresidente legal de Nestlé, dijo que la empresa está entusiasmada por cerrar el caso después de 21 años. "Estoy convencido de que la solución que presentó Nestlé fue diseñada con mucho cuidado y rigor, con hechos y datos técnicos", defendió el ejecutivo.
“La solución negociada, y siempre que sea posible, es sana, pues reduce costos y riesgos inherentes al proceso judicial, propiciando espacios para estabilizar la inseguridad jurídica, anticipando el resultado”, dijo la fiscal jefe del Cade, Juliana Domingues, a quien se le encargó conducir las negociaciones con la empresa en el ámbito judicial y en el propio Cade. “El Convenio minimizará costos para el aparato público”, dijo. Ahora, el convenio será sometido a ratificación por el Poder Judicial.
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