Reforma a las pensiones en Colombia avanza sin traspié: los pro y contras

En poco más de 12 meses, precisamente desde el 1 de julio de 2025, los colombianos vivirán un cambio en su sistema de pensiones, una vez que fue aprobada “su histórica” reforma.

Mientras algunos valoran el avance, pues ahora tiene cuatro pilares que la sostienen, hay expertos que advierten sobre diversos factores que en el mediano y largo plazo podría impactar las arcas fiscales.

Por ejemplo, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, comentó a DFSUD que con esta reforma “se perdió la oportunidad de hacer los ajustes estructurales que hubieran permitido evitar que los ahorros se acaben”.

Según sus cálculos, a 2062 “le quedará una enorme deuda a los jóvenes colombianos”.

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¿Qué cambiará?

Con la reforma, el sistema de pensiones local ampliará la cobertura y cambiará la distribución de los ahorros, ya que alrededor de un 75% pasará a manos del Estado para ser repartidos, quedando solo el resto en poder de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Uno de los puntos que destacaron desde el oficialismo es que más de 2,6 millones de adultos mayores -en situación de pobreza- se verán beneficiados a través del pilar solidario, considerando que son personas que nunca ahorraron en sus vidas.

Sin embargo, hay quienes advierten que es una amenaza para el sistema, que a 2062 los ahorros previsionales se agotarán y que la deuda que se generará aumentará a 40 puntos del PIB.

A esto, Montenegro añadió que “la totalidad de los 26 millones de colombianos afiliados al sistema de pensiones quedarían en manos del Estado. De ellos, cerca del 80% haría la totalidad de su aporte a la administradora estatal. El resto dividiría su aporte entre la administradora estatal y fondos de ahorro individual”.

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Opiniones en contra

Asofondos fue la primera entidad en salir a hablar tras la aprobación. Montenegro afirmó a DFSUD que, “con esta reforma, no se asegura la sostenibilidad de largo plazo del sistema, amenazada por el envejecimiento de la población y la caída de los nacimientos. Además, si bien incluyó un fondo de ahorro, éste es muy bajo (solo ahorra 22 pesos de cada 100 pesos aportados) y, según estimativos oficiales, se agotará en 2062”.

Desde el Gobierno se ha señalado que se deben hacer reformas, incluso se ha propuesto que en el nuevo ciclo en el Congreso se presente una iniciativa para enfrentar los vicios que quedaron en la actual. 

El líder gremial explicó que “como no hay cómo financiar las pensiones futuras, aumenta la deuda y el pasivo pensional. El mismo proyecto reconoce que la deuda pública aumenta en 40 puntos del PIB y hay otros estimativos que son mucho más altos. Según el CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sube de 105 a 189 o sea, 85 puntos del PIB, entonces no va a haber ahorro”, enfatizó.

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Opinión a favor

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, argumentó que sí hay avances con esta reforma, tal como “la creación de un régimen en el cual Colpensiones y los fondos de pensiones se complementan; creación del régimen solidario, que elimina la pobreza extrema de los adultos mayores; de un régimen semicontributivo para quienes no alcanzan las semanas para la pensión; y un fondo de ahorro con las cotizaciones adicionales que recibirá Colpensiones, cuyo manejo estará a cargo del Banco de la República”.

También señaló que la solución que le dio el Congreso al buen manejo del fondo de ahorro, a través de contribuciones adicionales que recibirá Colpensiones, es apropiada: darle el manejo de dicho fondo al Banco de la República. 

“Esto garantiza que será bien manejado y que los recursos continuarán jugado un papel fundamental en la ampliación del mercado de capitales del país”, indicó en una carta.

Eso sí, reconoció que hay puntos que se deben ajustar, como “aumentar las edades de jubilación, que son muy bajas en nuestro país; incrementar las semanas de cotización necesarias para mantenerse en el régimen actual: y garantizar que el nuevo sistema pueda hacerse efectivo el 1 de julio de 2025, que parece difícil”.

En ese sentido, advirtió que aún existen muchas dudas sobre si la vigencia de la ley a partir del 1 de julio de 2025 es apropiada, dado que Colpensiones debe hacer un trabajo sustancial para incorporar los nuevos cotizantes que recibirá. “Lo lógico hubiera sido adoptar una fecha más tardía, aunque permitiendo que se aplicaran más rápido los regímenes solidario y semicontributivo”.

Junto con esto, aclaró que “es cierto que los jóvenes tendrán beneficios más limitados. Pero decir que eso es incorrecto porque olvida un tema importante: la transición demográfica. Debido a este proceso, los jóvenes de hoy verán reducidos los beneficios pensionales en algún momento… Más temprano que tarde habrá que aumentar las edades de jubilación e incluso otros parámetros del sistema (porcentaje de cotización y número de semanas cotizadas para obtener la pensión)”.

Finalmente, insistió en que la aprobación de esta ley “es un paso positivo para el país, pero quedan muchos temas pendientes que deberán ser objeto de atención en futuras reformas”.

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¿Qué paso queda?

Por el momento, el texto “va a sanción presidencial”, según señaló el CEO de JP Tactical trading, Juan Pablo Vieira, quien señaló que como es promovida por el Gobierno pasará sin revisión.

Por su parte, el presidente de Asofondos comentó a DFSUD que “varios prestigiosos juristas han señalado que el trámite que se le dio a la reforma no estuvo acorde con lo que ordena la Constitución. Si eso fuera así, la Corte Constitucional podría declarar esta ley inexequible, y quedaría anulada”. 

Eso sí, aclaró que “es una decisión que demora en tomar la Corte”.

Si ello ocurre, dijo Vieira, se generaría un nuevo roce con Petro, quien acusaría que no lo están dejando gobernar, e incluso no descartó que se pueda “levantar un estallido social”.

Montenegro, en tanto, dijo que “si va a la Corte nosotros nos acogemos, pero también queremos que el Gobierno respete la decisión de la Corte porque nosotros respetaremos lo que diga el organismo máximo”.

Una vez que la Corte apruebe ya la reforma no tendría vuelta atrás y se aplicaría desde el próximo 1 de julio de 2025. En caso contrario, si se rechaza, el Gobierno tiene la opción de presentar una nueva reforma, tal como se hizo con la reforma a la Salud.