Los pasos que vienen en la disputa entre EEUU-Canadá y México a raíz de sus políticas energéticas

Una nueva disputa comercial entre Estados Unidos y México se inició este miércoles. Esta es la quinta vez que los países que integran el tratado de comercio T-MEC, lo que incluye también a Canadá, activan el mecanismo de resolución de conflictos, pero es la segunda en la que está involucrado el país latinoamericano: la primera fue a raíz de decisiones en la industria automotriz y, ahora, las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El gobierno de Joe Biden, por medio de su representante comercial (USTR), ha solicitado una consulta de resolución por disputas respecto de las diversas medidas que ha tomado México para recuperar el control del gobierno sobre los mercados de los hidrocarburos y la electricidad.

Desde su llegada al poder a fines del 2018, López Obrador ha modificado regulaciones y leyes para fortalecer el papel dominante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa pública que provee electricidad, y la petrolera Pemex.

Estados Unidos y Canadá tienen intereses en el mercado de la energía de México por medio de empresas que están invirtiendo y operando en dicho país, por lo que cualquier cambio regulatorio les afecta directamente. Y lo han hecho ver.

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La postura de EEUU

Lo que señala el representante comercial de EEUU es que existen “medidas inconsistentes con los compromisos de México al amparo del T-MEC, entre otras, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica realizada en 2021, a través de la cual se instruyó al Centro Nacional de Control de Energía dar prioridad a la distribución y venta de la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, según explicó en una presentación el estudio jurídico Galicia Abogados, uno de los más relevantes de ese país.

De acuerdo con el USTR, esta medida “implica un trato discriminatorio en contra de la electricidad producida por inversionistas privados, que viola el principio de Trato Nacional establecido en el artículo 2.3 del T-MEC y de manera general en el artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) de 1994”, ya que no se garantiza un trato “no menos favorable para los inversionistas extranjeros”, sobre aquellos inversionistas nacionales y sus inversiones, según explicó la firma.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, recordó que el país que representa ha expresado repetidamente las serias preocupaciones que tienen sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México. Asimismo, señaló que han “tratado” de trabajar de manera constructiva con México, “pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto”.

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La de México

A raíz del conflicto y la ofensiva iniciada por EEUU y, luego, Canadá, el Presidente López Obrador ha respondido en un tono desafiante, asegurando que se defenderá si el resultado es desfavorable para México. 

“Tenemos muchísimos elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender”, señaló en su conferencia de prensa diaria esta semana, añadiendo que “si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”.

“Cuando estábamos revisando lo del tratado (T-MEC) ya habían negociado los del gobierno anterior un capítulo completo en donde se comprometía nuestro país con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética, y como estábamos de observadores, era yo Presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos y que no iba a ser aprobado el acuerdo en el Senado si se sostenía ese capítulo”, explicó. 

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El camino que se abrió

Lo que viene ahora será un proceso de diálogo y negociación entre los tres países. De acuerdo con Galicia Abogados, los involucrados deberán iniciar el proceso de consultas “dentro de los siguientes 30 días a la fecha de presentación de la solicitud, a menos que las Partes acuerden lo contrario”.

De esta manera, si los involucrados no resuelven la controversia dentro de los siguientes 75 días, “EEUU podrá solicitar a la Comisión Permanente del Tratado, una reunión para presentar su caso y solicitar formalmente el establecimiento de un panel que resuelva la controversia”, el que tiene cinco miembros.

Para llegar a esos nombres, cada país tiene definido 10 expertos que podrían integrarlo. “Las partes deben nombrar al presidente del panel, luego dos miembros son elegidos por EEUU, pero deben ser aquellos designados por México. Asimismo, México elige dos miembros entre los nombrados por Estados Unidos. Es como un sistema de elección cruzada”, explicó la abogada Cecilia Azar, socia de Galicia Abogados y actual vicepresidenta de la Comisión de Arbitraje de la CCI de México, quien apuntó que estos nombres se conocerían en dos o tres semanas más.

En los 150 días restantes a su designación, el panel deberá emitir un informe preliminar -excepto que decidan solicitar una prórroga de 30 días- donde señalarán si las medidas de México violan o no el tratado.

“En caso de que el panel resuelva, con base en consideraciones de hecho demostradas durante el procedimiento, que las medidas reclamadas por Estados Unidos y Canadá son incompatibles con el T-MEC, México deberá eliminar las medidas que se consideraron incompatibles o pagar una compensación mutuamente aceptable por las violaciones cometidas, dentro de los 45 días siguientes a la emisión del reporte final”, explicó el estudio

En caso de que México decida no hacerlo, EEUU y Canadá podrían suspender la aplicación de beneficios a México equivalentes a las medidas no eliminadas que fueron consideradas incompatibles con el T-MEC. 

A la par de este panel, los representantes de las secretarías de Economía o consejeros jurídicos de cada país sostendrán reuniones para alcanzar un acuerdo.

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México en Jaque

Uno de los puntos que reclama México a su favor, es que en el primer artículo del Capítulo 8 del Tratado, Canadá y Estados Unidos le reconocieron dominio directo sobre la propiedad interna de los hidrocarburos. Sin embargo, lo que ha hecho López Obrador son medidas para monopolizar la energía eléctrica basándose en una regulación que envuelve a los hidrocarburos y a las compañías de electricidad.

Sin embargo, en el segundo artículo del Capítulo 8, existe una frase que señala que esto será posible “sin perjuicio de los derechos que este tratado contempla para EEUU y Canadá”. Es decir, el país latinoamericano se reservó el derecho de regular sobre temas de hidrocarburos dentro del país, pero inmediatamente, se señala que “el hecho de que se haga esa reserva, no quiere decir que los otros países no pueden demandar que esas regulaciones violan su derecho en el tratado”.

En el escenario de que México perdiera esta disputa, pero el gobierno decidiera no modificar sus regulaciones, permitirá que “EEUU pueda ponernos un arancel más alto en otro sector, cerrar la inversión mexicana en el país o poner más impuestos”.

La socia de Galicia Abogados explicó que “si México no detiene esta guerra en contra de las energías limpias, si no detiene su afán de volver a que la CFE y Pemex tengan el monopolio de la energía, habrá represalias por parte de nuestros socios… Esta consulta, a diferencia de la consulta de los atunes desarrollada bajo el TLCAN (tratado de libre comercio que funcionó precio al T-MEC), creo que no la vamos a ganar porque estamos yendo en contra de todo lo que hemos firmado a nivel internacional y México lo tiene cuesta arriba”, sentenció.