Intervención de Edesur en Argentina: ¿control administrativo o presión del gobierno?

En entrevista con el Financial Times hace más de dos años, el presidente argentino Alberto Fernández aseguró que es "la persona más pragmática que existe" e insistió en que estaba en contra de la intervención estatal en la economía por el bien de la misma.  

"Si quisiera nacionalizar o expropiar empresas, no comenzaría con las que están en bancarrota, comenzaría con las que funcionan bien", dijo.

Pero desde hace unos días el mercado ha estado atento al desarrollo de la intervención de una de las distribuidoras más grandes de su país, Edesur, especialmente luego de que la vocera de la Casa Rosada señalara que, en medio del procedimiento, si se descubren ciertos incumplimientos “puede ser causal para que se le quite la concesión a la empresa”.

En ese sentido, Tomás Geuna, asociado de Galicia Abogados, explicó a DFSUD.com que la intervención es administrativa, no operativa, lo que se traduce en que busca “observar si la empresa está cumpliendo con los planes de inversión que había comprometido”.

El Ejecutivo ya denunció a la compañía penalmente por entorpecimiento de la función pública, por desviar fondos y por abandono de personas (electrodependientes). “En caso de que se confirme eso, el gobierno se puede aventurar en quitarle la concesión. Ahora, no sé si políticamente lo hará porque se arriesga una denuncia en el Ciadi; creo que esta medida es para mitigar y no llegar a ese punto”.

Parte de la estrategia es acelerar la ya anunciada salida de la italiana Enel que, por medio de Enel Argentina, filial de Enel Américas, opera Edesur.

Entonces, en los próximos 180 días, el interventor estatal tiene que dar cuenta al ente regulador si la compañía ejecutó sus planes de inversiones, si los fondos han sido destinados para mejoras en la red, entre otras cosas.

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El análisis

En tanto, el experto argentino Hernán Dobr, explicó que tras la privatización de la década de los ‘90 de diversas compañías, se firmaron acuerdos en los cuales hay una cláusula que el gobierno argentino puede activar y optar por la estatización. “Existe esa posibilidad, pero no es gratis. Al Gobierno le encantaría estatizar, pero no existe la estatización gratuita…En este momento, en esta situación de Argentina, el Gobierno dijo no, por lo tanto puso un interventor, que va a ser los ojos que controlan a Edesur”.

En ese sentido, el director de ClubMinero, Daniel Bosque, argumentó que “especulativamente, el gobierno le está sacando un peso de encima a Enel porque hace años que lo vienen amenazando con que lo van a expropiar; probablemente ahora vendrán algunas judicializaciones, pero a partir de ahora el Estado no puede decir que no está controlando esto y lo más probable es que salga revelando las discrepancias que encontraron”.

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Historia de intervenciones

En cierto sentido, el gobierno de Fernández se ha desligado de la tradición kirchnerista de intervenir y expropiar empresas. La lista de su predecesora -y hoy vicepresidenta del país Cristina Fernández- es mucho más larga en este particular que lo hecho hasta ahora por la administración actual. 

A lo largo de los 12 años que gobernó el kirchnerismo siete empresas fueron intervenidas y pasaron a estar bajo el control estatal.

El mandato de Alberto Fernández, que inició en diciembre de 2019, llega a 2023 con un balance de dos grandes empresas intervenidas: el Grupo Vicentin y Edesur. Ahora bien, también pudiera sumarse la reciente decisión de dejar en manos estatales todos los corredores viales y la hidrovía que corre por el río Paraná, que ahora la administra un ente integrado por varias provincias; y también la estatización de las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), con las que el Estado se hizo de acciones de alrededor de 40 empresas.

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"Edesur no es cualquier empresa"

Consultados los expertos respecto de la existencia de una intervención como la de Edesur, algunos no recordaban una situación similar y otros la compararon con YPF, aunque reconocieron que esta fue realmente una expropiación. 

Dobr explicó que “Edesur no es una empresa cualquiera, porque la cláusulas es en razón a que es una empresa de servicios públicos; entonces, es una concesión”.

Para el experto, la filial de la italiana es una empresa de concesión de servicios públicos que, además, está a la venta, porque Enel decidió retirarse a Argentina y está empezando a vender todos sus activos. 

Pero esto se arrastra desde la década de los ‘90, cuando el entonces mandatario Carlos Menem, decidió privatizar la mayoría de las compañías del país. En ese momento, la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima, fue dividida en dos compañías : Edesur y Edenor, hasta hoy las dos distribuidoras más grandes del país. Ambas compañías prestan servicios en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde está el grueso de la población del país.

Sin embargo, con el pasar de los años y los diversos gobiernos las compañías han dejado de invertir en mejor tecnología para sus redes de distribución, lo que se sumó a la masiva adquisición de aires acondicionados, lo que provocó que con las altas temperaturas de este verano la red colapsara. “Ellos (Edesur) han invertido mucho, pero no son inversiones para la mejora del sistema en general, son para tapar agujeros”, dijo Dobr.

En cuanto a cómo se ve desde fuera, el abogado del estudio mexicano Galicia Abogados, explicó que al no ser una medida expropiatoria no hay una “preocupación mayor”.

Por el contrario, Bosque señaló que la situación refiere a un “estallido definitivo de la decadencia argentina”, donde se critica al privado, pero al mismo tiempo se cuestiona lo que han hecho en todo este tiempo los entes reguladores. 

“Acá lo que está en evidencia es el precio que paga el país por una desinversión generalizada que se traduce por andar en malas carreteras y cortes de energía y todas estas cosas revientan en la post pandemia que ha mandado a la pobreza extrema a miles de personas”, señaló.

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Grupo Vicentin

La primera y más recordada del gobierno en ejercicio es la que ejecutó contra la agroalimentaria Vicentin, que en junio de 2020 se encontraba en concurso preventivo de acreedores y con una serie de problemas económicos que afectaron a numerosos proveedores de distintos puntos del país.

El manejo de la compañía había sido entregado a un fondo fiduciario que maneja YPF Agro, lo que además le daba al Ejecutivo la opción de ser un jugador importante en el mercado de granos y también de carnes.

Sin embargo, el mandatario se vio forzado a dar marcha atrás a su intención en medio de una revuelta social y la compañía, a la fecha, se mantiene en su propio proceso de reorganización.

En ese sentido, Dobr explicó que el caso de esta compañía es distinto porque era una empresa privada que tenía muchos préstamos con el Estado, específicamente con el Banco Nación, razón por la cual el Gobierno decidió intentar estatizar la firma de alimentos, pero hasta el momento eso no se ha conseguido del todo.