Escándalo de pasaportes falsos sacude a Uruguay y amenaza su reputación como país menos corrupto de Latinoamérica

Lucinda Elliott en Montevideo

Un escándalo por pasaportes falsificados en Uruguay ha derivado en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación de la nación como modelo de estabilidad en América Latina.

El caso  comenzó en septiembre con el arresto de un guardaespaldas personal del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, acusado de liderar una red criminal que vendía pasaportes falsificados a extranjeros, incluyendo rusos que huían de su país después de la invasión a Ucrania.

Desde entonces, el escándalo se ha expandido, luego de que un periódico local, publicara conversaciones en línea del teléfono de Astesiano que sugieren que usó sus contactos en el gobierno para vender un software desarrollado por el Ministerio del Interior a altos ejecutivos, quienes lo usaron para espiar a senadores de la oposición.

Estas controversias han planteado dudas sobre si la corrupción en Uruguay es mayor de lo que se creía. La atención se ha enfocado ahora en lo que hará Lacalle Pou para salvaguardar el estado de derecho y responsabilizar a los implicados.

“Este es un momento clave para Uruguay”, dijo Ricardo Gil Iribarne, exfuncionario anticorrupción que encabezó la junta de transparencia y ética pública del país bajo la anterior administración de izquierda. “Es mucho más que los pasaportes”, dijo.

Según los investigadores, Astesiano, un expolicía, usó su estrecha relación con el presidente para obtener actas de nacimiento falsas para pedir su ciudadanía.

La fiscal jefe Gabriela Fossati dijo en una rueda de prensa que cientos de rusos habrían obtenido ciudadanía uruguaya por esta vía desde 2013. El esquema ha llamado más la atención desde el inicio de la pandemia y el conflicto en Ucrania, lo que provocado una ola de emigración desde Rusia.

Ramificaciones

Lacalle Pou ha negado tener conocimiento de que su jefe de seguridad haya usado su cargo para vender documentos falsos por hasta US$ 120 mil y prometió colaborar en la investigación. “Estamos tranquilos sobre las acciones tomadas hasta ahora”, dijo el presidente. Pero los mensajes filtrados desde el teléfono de Astesiano han complicado la situación del gobierno, amenazando con implicar a miembros del gabinete. Y crece la presión para que más funcionarios entreguen sus teléfonos.

El ministro del Interior, Luis Alberto Héber, negó irregularidades durante una audiencia en el Senado en noviembre. Astesiano dijo que no tenía acceso al software del Estado, que solo está destinado a ser utilizado por funcionarios autorizados, y simplemente estaba fanfarroneando ante sus clientes. La fiscalía dijo que “no hay certeza” sobre el punto.

Al mismo tiempo que se desarrollaban estas controversias, otros mensajes filtrados de una investigación separada parecen implicar a altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior en la entrega de documentos de viaje a Sebastián Marset, un presunto narcotraficante.

Marset, quien supuestamente lidera el Primer Cartel Uruguayo (PCU), es buscado por Interpol por transportar 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa y sigue prófugo. Fue detenido en Dubai en 2021 mientras viajaba con un pasaporte falso de Paraguay. Rápidamente se emitió un nuevo pasaporte uruguayo a Marset en 2021 que le permitió salir legalmente de los Emiratos Árabes Unidos.

Altos costos

La viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, renunció el 19 de diciembre en medio de las repercusiones del caso, y la oficina del fiscal general está investigando cómo se emitieron los documentos.

Los líderes de la oposición de izquierda han pedido la renuncia de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. “Si se sabía que era un peligroso narcotraficante y aun así se dieron las gestiones para que pudiera acceder a un pasaporte nacional, hay una negligencia increíble”, dijo Fernando Pereira, presidente del partido Frente Amplio.

La politóloga Vicky Gadea dijo que los costos a largo plazo podrían ser "extremadamente altos" para las relativamente jóvenes instituciones democráticas del país si los involucrados no rinden cuentas.

“Hay una percepción entre que viven en Uruguay de que estamos al nivel de algunas de las democracias más sólidas del mundo”, dijo Gadea. Si la gente “comienza a cuestionar cómo funciona nuestra democracia”, podría tomar años recuperar la confianza y dañar la reputación internacional del país, dijo.

Uruguay sigue siendo el país menos corrupto de América Latina, según Transparencia Internacional. Las encuestas muestran consistentemente que la población de alrededor de 3,5 millones tiene una fe pública generalizada en el sistema de justicia.

“Somos los estudiantes modelo en una clase de niños problema”, dijo Gil Iribarne, refiriéndose a la región latinoamericana. Uruguay podría “caer a los niveles” de otros países donde existe una creciente desconfianza en las instituciones, como Brasil y Colombia, si estos casos no se investigan y se tranquiliza a la ciudadanía.

Los críticos dicen que Lacalle Pou ha tratado de minimizar la gravedad de las revelaciones en que debe ser firme. El gobierno argumenta que está dejando que la Justicia funcione y se llegará a un veredicto.

“Los uruguayos quieren ver que las acciones tienen consecuencias”, dijo Gil Iribarne, “al público todavía le importa y se está enojando”.