Corte Suprema de Brasil declara inconstitucional el "presupuesto secreto"

Por Michael Pooler
São Paulo 

La Corte Suprema de Brasil dictaminó que un plan parlamentario denominado "presupuesto secreto", que ha sido criticado por repartir fondos a legisladores con poca supervisión a cambio de respaldar al gobierno, es inconstitucional.

Los jueces del tribunal supremo del país votaron 6-5 en contra del mecanismo, a través del cual se otorgaron subvenciones a los parlamentarios para proyectos en sus distritos electorales.

Los activistas de la transparencia han dicho que la práctica opaca llegó a representar alrededor de una cuarta parte del presupuesto federal discrecional de Brasil, lo que a menudo beneficia a los aliados del presidente saliente, Jair Bolsonaro. Argumentaron que pisoteaba los principios de responsabilidad democrática, con divulgaciones limitadas sobre cómo se gastaron los fondos.

El desarrollo fue bien recibido por los partidarios del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, quienes acusaron a Bolsonaro de emplear el presupuesto secreto para impulsar su fallida campaña de reelección.

Al eliminar una herramienta de negociación que tenían los legisladores frente al ejecutivo, la decisión debilitará al presidente de la Cámara Baja del Congreso, Arthur Lira, según analistas.

Bolsonaro confió en Lira para obtener una mayoría gobernante en un parlamento fragmentado, mientras que los recursos presupuestarios secretos —para educación local, atención médica e infraestructura— ayudaron a los legisladores a atraer votantes en el momento de las elecciones.

Con su toma de posesión prevista para el 1 de enero, Lula también se benefició de otro fallo de un juez de la corte suprema el domingo por la noche. Determinó que su promesa de campaña de gasto adicional en pagos de asistencia social puede quedar fuera de un tope fiscal que limita el crecimiento del gasto público.

“Retomar el control del presupuesto y la garantía de que Bolsa Família (programa de beneficios) no estará sujeto al tope de gasto. . . son activos importantes para el gobierno electo”, dijo Rebeca Lucena, analista política de BMJ Consultores.

Lula, expresidente durante dos mandatos, ha estado buscando el apoyo de Lira para una enmienda constitucional a fin de eludir el límite de gastos y liberar 145.000 millones de reales (US$ 27.000 millones) adicionales para el presupuesto del próximo año. Tendría que ser aprobado esta semana.

Lucas de Aragão, socio de la consultora política Arko Advice, dijo que el gobierno entrante ahora depende menos de esa ruta. “Hay una clara tensión entre Lira y el gobierno electo en este momento”, dijo. “(Pero) no están dispuestos a quemar puentes. Están buscando un terreno común, y podría ser un voto a favor de la enmienda constitucional, con un monto reducido de 80 mil millones de reales”.

Ambas decisiones de la Corte Suprema solo alimentarán aún más las acusaciones de la oposición de extralimitación judicial y activismo. Los partidarios de Bolsonaro han acusado a los principales jueces de parcialidad a favor de Lula, quien gobernó por primera vez en 2003-10.

El veterano izquierdista fue encarcelado por corrupción en 2018, pero el máximo tribunal anuló sus condenas el año pasado, allanando el camino para una candidatura presidencial.

Los parlamentarios han recibido durante mucho tiempo dinero en efectivo del gobierno para planes de obras públicas, pero los críticos del presupuesto secreto argumentaron que se trataba de una escala diferente. Conocido formalmente como enmiendas del relator, el mecanismo se implementó en 2020, luego de la toma de posesión de Bolsonaro el año anterior.

El presupuesto secreto estaba fijado en 19.400 millones de reales en 2023, según estimaciones de la organización no gubernamental Cuentas Abiertas.

Gil Castello Branco, secretario general de Cuentas Abiertas , dijo que esto equivalía a seis veces el tamaño del presupuesto ambiental de Brasil. “Esto da una dimensión de cómo estas reformas eran absolutamente exorbitantes y distorsionaban las políticas públicas”, agregó.

Lira rechazó previamente el término "secreto" y dijo que la configuración era "democrática", poniendo fin al intercambio de favores del ejecutivo por votos legislativos.