Cómo El Salvador se convirtió en un modelo para la extrema derecha del mundo

Por Michael Stott
San Salvador

“Nuestro país es un ejemplo para el mundo de paz, confianza y optimismo”, proclamó el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un mensaje de fin de año publicado en las redes sociales. “Nadie puede negarlo”.

El jefe de Estado tenía motivos para sentirse bien. El Salvador, que antes era uno de los países más violentos del mundo, pasó 24 días seguidos sin un solo asesinato en diciembre. El precio del bitcoin, que Bukele adoptó como moneda de curso legal en 2021 y que ha convertido en parte de las reservas del país, había superado los US$ 100.000. Lo mejor de todo es que el FMI había acordado prestarle a su Gobierno US$ 1.400 millones, allanando el camino para otros US$ 2.200 millones de financiación internacional.

Bukele, que cumple ahora un segundo mandato de cinco años tras una aplastante victoria en la reelección en febrero pasado, tiene ambiciones que van mucho más allá de hacer de El Salvador un país seguro. El Presidente de 43 años está utilizando las habilidades que aprendió como ejecutivo de publicidad para atraer a inversionistas internacionales al reposicionar un país pequeño y empobrecido que carece de recursos naturales como un paraíso para el surf y las criptomonedas.

Bukele, que se presenta ante sus 6,9 millones de seguidores en X como un “rey filósofo”, se ha convertido en un modelo a seguir para los conservadores globales. “Puede que tenga el plan para salvar al mundo”, dijo efusivamente el presentador de televisión Tucker Carlson en un tuit el verano pasado.

Tras la noticia a principios de enero de que las tasas de homicidios en El Salvador habían caído a un mínimo histórico en 2024, Elon Musk opinó sobre X: "Tiene que suceder y sucederá en Estados Unidos". Una gran delegación estadounidense, incluido Donald Trump Jr, estuvo entre los invitados a la retoma del poder de Bukele en junio.

Muchos latinoamericanos admiran los métodos de Bukele, mientras luchan contra el aumento de la violencia en sus propios países. Los gobiernos occidentales que inicialmente rechazaron a Bukele por sus tendencias autoritarias ahora acogen con los brazos abiertos a un presidente que se ha convertido en uno de los líderes más populares del mundo.

“Bukele es el mejor aliado de Estados Unidos”, afirma un asesor presidencial salvadoreño. “Ha confiscado drogas ilegales, reducido la migración, encarcelado a bandas criminales y mejorado la economía”.

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Las críticas a su gestión

Pero este cambio de imagen ha tenido un alto precio. Desde marzo de 2022, según el gobierno, Bukele ha encarcelado a más de 83.000 personas en virtud de las leyes del estado de excepción; se estima que tres de cada 100 hombres adultos están ahora en la cárcel, la mayoría aún sin ser juzgados. También ha concentrado el poder en sus propias manos, enviando tropas armadas al Congreso en su primer mandato para asegurar fondos para una iniciativa de seguridad y luego despidiendo a los jueces de la Corte Suprema que se opusieron a su reelección.

Los activistas han alertado sobre torturas, muertes bajo custodia, suspensión de derechos básicos y desapariciones forzadas. Pero Bukele no se arrepiente: “Algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero en realidad hemos liberado a millones”, dijo en la ONU en septiembre.

Sin embargo, ¿tiene razón Occidente al colaborar con un Gobierno que ha logrado mejoras espectaculares en materia de seguridad, o está permitiendo que El Salvador se convierta en una dictadura?

“Desafortunadamente, a pesar de todos sus graves problemas, el método parece haber tenido éxito, por ahora, en reducir la delincuencia en las calles”, dice José Miguel Vivanco, investigador adjunto del Consejo de Relaciones Exteriores. “Lo que hace que sea difícil argumentar en contra”.

La plaza Gerardo Barrios, en el centro de la capital, San Salvador, es un microcosmos del país que Bukele quiere construir. Antes era demasiado peligroso caminar por la plaza de noche, pero ahora está repleta de multitudes de todas las edades que acuden a rezar en la catedral, admirar el restaurado palacio presidencial o visitar la nueva Biblioteca Nacional, abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Donada por China después de que El Salvador cortara relaciones con Taiwán, la biblioteca, de imponente estructura de acero y cristal, se alza sobre edificios antiguos cercanos. En el interior, los siete pisos están organizados por edades de lectura, con espacios especiales para personas discapacitadas, y hay libros y carteles en español, inglés y la lengua indígena náhuatl.

Los cambios que ha provocado Bukele son visibles en todo San Salvador. Nuevas y relucientes torres de oficinas salpican el horizonte (una de las más destacadas es la de Google, que abrió instalaciones en 2024) y han surgido nuevos y elegantes centros comerciales. Para muchos de los residentes de la ciudad, el alambre de púas que adorna muchos edificios de repente parece redundante.

“En ocho años me asaltaron 25 veces a punta de pistola”, dice el repartidor José Antonio Gómez. “Mira esa comunidad de allí, hace unos años no se podía entrar ni de día ni de noche porque era demasiado peligroso. ¿Lo ves ahora? La gente camina tranquilamente con cochecitos de bebé”.

Bukele también ha invertido mucho en infraestructura, construyendo autopistas y circunvalaciones, iniciando un nuevo aeropuerto en el este del país y terminando una carretera hacia un desarrollo planificado llamado Surf City 2. Ubicado a 180 kilómetros de San Salvador, pretende aprovechar el éxito de la Surf City original —en realidad un concepto de marca que conecta varias playas— que ha atraído a turistas internacionales.

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La intención es impulsar el crecimiento económico, que fue relativamente débil durante el primer mandato de Bukele, y atraer inversión extranjera. El FMI espera que El Salvador crezca un 3% este año, ligeramente por debajo de sus vecinos.

Algunos comentaristas y funcionarios coinciden y dicen que Bukele heredó una nación en graves dificultades económicas en una región asolada por enormes problemas sociales y le ha dado esperanza.

Un banquero de desarrollo explica lo mala que era la situación del país en el pasado. “Una cuarta parte del PIB provenía de las remesas”, dice. “El pago medio de las remesas era de US$ 400 al mes y, tras un promedio de seis años, los migrantes dejaban de enviar remesas. Así que el único modelo de negocio que tenía El Salvador era seguir exportando a su gente a Estados Unidos”.

“La verdadera pregunta”, añade, “es si el país es viable económicamente”.

Los índices de aprobación de Bukele superan el 90%, lo que lo convierte en uno de los políticos más populares del mundo. “No hay oposición política de la que hablar”, comenta un diplomático. “Bukele tiene todos los resortes del poder”.

Reelegido con casi el 85% de los votos, el partido Nuevas Ideas del presidente tiene todos los escaños del Congreso menos seis, y controla el poder judicial y las fuerzas de seguridad gracias a un estado de excepción que ha sido prorrogado 34 veces y que permite la suspensión de derechos civiles como la libertad de asociación, el derecho de un sospechoso a un abogado defensor o el derecho a ser informado de los cargos tras su arresto.

Las redes sociales del Presidente están repletas de elegantes videos grabados con drones que muestran nuevos edificios y autopistas, junto con actualizaciones periódicas sobre el precio del bitcoin. Gran parte del contenido (y la música) está en inglés, una señal de que Bukele está actuando para un público internacional.

Pero a pesar del abrazo entre Bukele y la derecha dura internacional, un asistente insiste en que el presidente, que comenzó su carrera política en el izquierdista FMLN, es en el fondo un pragmático.

“Las guerras culturales no le interesan”, afirma el asesor. “Es alguien que un día reparte paquetes de alimentos y al día siguiente privatiza el palacio presidencial, si es necesario. Hará lo que sea necesario. Su modelo es Singapur o Corea del Sur”.

A poco más de una hora en coche desde San Salvador, en las afueras de la ciudad de Zacatecoluca, hay una granja prisión cerca de una cárcel de máxima seguridad. Afuera del muro perimetral hay un montón de bolsas de plástico transparente, custodiadas por dos soldados. Contienen productos básicos como leche en polvo, galletas secas, camisetas blancas y papel higiénico, además de un trozo de papel con un nombre escrito a mano.

Estos paquetes son el único vínculo entre los aproximadamente 107.000 salvadoreños que están en prisión (la población del país es de unos 6,3 millones) y sus familias. Aunque la mayoría de los encarcelados aún no han sido condenados por ningún delito, no se les permite recibir visitas ni llamadas telefónicas y los familiares deben pagar hasta US$ 250 (más de dos semanas de trabajo con el salario mínimo) para enviar suministros, sin garantía de que se los entreguen.

El eje central de la campaña de Bukele para hacer cumplir la ley es una cárcel de máxima seguridad cerca de la ciudad de Tecoluca, que se inauguró en enero de 2023. En la actualidad, se encuentran detenidas allí unas 18.000 personas. El Gobierno afirma que es la cárcel más grande de América y ha hecho públicas sus duras condiciones: los reclusos duermen en literas metálicas planas sin colchones ni ropa de cama, bajo una iluminación permanente, y solo son liberados para hacer ejercicio una hora al día. Se le conoce como CECOT (Centro de Confinamiento de Terroristas).

“Todavía tengo pesadillas sobre mi visita a CECOT”, dice un funcionario extranjero. (El Gobierno rechazó una solicitud del FT para visitarlo).

Cristosal, una organización salvadoreña de derechos humanos, ha estudiado una muestra de 1.200 de las 83.000 personas detenidas desde que se declaró el estado de excepción. Todas fueron descritas como arrestadas mientras cometían un delito, pero fueron detenidas por un cargo de “conspiración” definido en sentido amplio, en lugar de por un delito específico. Para los cargos de conspiración, la prisión preventiva es obligatoria.

“Es un enorme sistema de detenciones arbitrarias construido sobre una base de cambios legales, que permiten al gobierno detener a quien quiera y suspender sus derechos para que no puedan defenderse”, concluye Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

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Derechos humanos en vilo

Los funcionarios del Gobierno salvadoreño rechazan esa caracterización, diciendo que el estado de emergencia estaba justificado y ha producido resultados extraordinarios con el apoyo abrumador de la población.

“Se habla mucho de los derechos humanos de los presos”, dice un asesor presidencial. “Pero ¿qué derechos tienes si estás muerto?... Bukele es tan popular que incluso algunos de los que están en prisión son personas que votaron por él”.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el gobierno había liberado hasta ahora a 8.000 de esos 83.000, pero agregó que era “muy difícil, si no imposible” saber cuántas personas inocentes seguían detenidas.

Aun así, algunos gobiernos occidentales están empezando a aceptar la idea de que es mejor dialogar con Bukele que rechazarlo. Entre los presentes en su retoma del poder estuvieron funcionarios de alto nivel de la administración Biden, que desdeñó a Bukele en 2021 cuando visitó Washington y sancionó a funcionarios cercanos a él por presunta corrupción.

Un diplomático occidental insiste en que, pese a las dudas sobre el enfoque de Bukele, puede haber un “camino virtuoso” para él, “basado en construir un legado positivo con el Estado de derecho, políticas sólidas y transformadoras y dejar el poder lo suficientemente pronto”.

Uno de los pocos asesores presidenciales que criticó públicamente al gobierno fue Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad nacional de Bukele. En agosto de 2023, al día siguiente de que acusara públicamente a funcionarios cercanos a Bukele de corrupción y vínculos con el narcotráfico, fue arrestado; horas después, casi 20 policías llegaron para registrar la casa familiar. El Presidente afirmó en X que Muyshondt había filtrado información confidencial y estaba trabajando como "agente doble" en nombre de un gobierno extranjero anónimo.

Su familia nunca volvió a saber de Muyshondt. Seis meses después, Agentes Azules, una cuenta X utilizada por la policía de El Salvador, anunció su muerte en el hospital “después de tres hemorragias cerebrales, producto de un cáncer con metástasis”.

Cuando su cuerpo fue entregado a su familia, inmediatamente notaron que su cabeza y pecho habían sido cosidos de manera burda después de lo que las autoridades afirmaron que fue una cirugía de emergencia.

“(El cuerpo) tenía heridas punzantes por todas partes, la nariz rota, las muñecas rotas, los pies rotos y le habían hecho ocho o diez cirugías en la cabeza, que eran tan burdas que parecían cosidas por un zapatero”, dice una fuente cercana a la familia.

Cuando el Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura, una red mundial de organizaciones de la sociedad civil, analizó los registros médicos de Muyshondt, encontró una falta de evidencia que respaldara los diagnósticos oficiales y una falla en la realización de una investigación transparente sobre su muerte.

“Estos hallazgos se enmarcan en un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos y abuso de poder en El Salvador”, afirma Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, la organización que encargó el estudio.

Entre estos abusos se incluye el supuesto uso extensivo del programa espía Pegasus para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos. Dieciocho miembros actuales y antiguos del sitio web de noticias independiente El Faro han presentado una demanda en Estados Unidos contra NSO, el fabricante israelí de Pegasus, alegando que se utilizó para piratear sus teléfonos.

Casi un año después, el gobierno de El Salvador no ha hecho comentarios públicos sobre la muerte de Muyshondt.

En diciembre, el FMI anunció un acuerdo preliminar para prestar US$ 1.400 millones a El Salvador. Tras agradecer a las autoridades del país su “excelente colaboración” en el desarrollo de planes de reforma económica, el fondo afirmó que su objetivo es “fortalecer la estabilidad fiscal y externa y ayudar a crear las condiciones para un crecimiento más sólido e inclusivo”.

Bukele volvió a publicar el anuncio en X con un emoji guiñando el ojo y lanzando un beso, pero no todos están contentos. “Si bien las violaciones de los derechos humanos como tales no están dentro del mandato del FMI, el abierto desprecio de Bukele por el estado de derecho y las obligaciones de su gobierno en materia de derechos humanos lo convierten en un compañero de cama poco confiable”, dice Pappier de HRW.

Un portavoz del FMI insiste en que el Fondo “considera importante el logro de los derechos humanos, incluidos los derechos socioeconómicos”, pero añade: “Cuando un país miembro solicita un programa del FMI, el FMI tiene la obligación de ayudar… siempre y cuando el programa económico propuesto se considere adecuado para abordar el problema subyacente de la balanza de pagos”.

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Muchos gobiernos y organizaciones internacionales se encuentran en una situación de dilema: si es necesario participar, ¿por qué no? “La respuesta natural es decir que se pueden lograr los fines por otros medios, más democráticos, respetando las normas básicas y el debido proceso”, dice Michael Shifter, miembro del grupo de expertos Diálogo Interamericano en Washington. “Sigo creyendo que es posible, pero es muy difícil señalar ejemplos”.

Otra pregunta también preocupa a los observadores de El Salvador: ¿Bukele levantará el estado de excepción este año y dejará el poder en 2029 después de su segundo mandato, como insisten sus colaboradores? ¿O se convertirá en un hombre fuerte que perdure durante décadas?

En el aeropuerto internacional de San Salvador, los pasajeros que llegan pueden posar para selfies en sillones dorados decorados con el sello presidencial, flanqueados por retratos de Bukele y su esposa, un formato que se repite en la Biblioteca Nacional.

Según Shifter, la puesta en escena “es muy evocadora” de dictadores latinoamericanos del siglo XX como Alfredo Stroessner en Paraguay o Rafael Trujillo en República Dominicana, ambos en el poder durante más de tres décadas. “La ambición de Bukele es gobernar su país durante un largo período de tiempo y ser recordado como el salvador de El Salvador”.

Sin embargo, la familia de Muyshondt tiene en mente un destino diferente para el presidente. “Esperamos que Alejandro haya muerto por algo”, dice la fuente cercana a ellos. “Esperemos que sea el principio del fin de ese hombre”.