IATA advierte que nueva tarifa de transferencia pone en riesgo la competitividad del Aeropuerto Jorge Chávez en Perú

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) criticó nuevamente la reciente aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.
En una conferencia de prensa en Ginebra, la organización afirmó que la medida pone en riesgo la competitividad del aeropuerto como centro de conexiones en Latinoamérica.

La nueva tarifa entró en vigor el pasado 7 de diciembre y generó una contundente reacción del organismo global, que también ve en este cobro una amenaza directa al desarrollo del aeropuerto como centro de conexiones regional.

Willie Walsh, director general de la IATA, calificó la decisión como perjudicial para el futuro del sector aéreo peruano. Según el ejecutivo, añadir un costo a los pasajeros en tránsito, que pueden optar por conectar en otros centros de la región -como Bogotá o Panamá-, reduce el atractivo de Lima en el contexto regional. 

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“Es una locura. Creo que hará mucho daño al desarrollo potencial del hub, porque estás agregando un costo a la transferencia que no existirá en otros lugares”, señaló el ejecutivo.

Para Walsh, existe una desconexión entre la lógica gubernamental y el funcionamiento real de la industria aérea. Explicó que comunmente se asume de forma errónea que el pasajero en tránsito no aporta valor a la economía local porque no sale del aeropuerto. No obstante, la realidad operativa es distinta, pues estos pasajeros son fundamentales para sostener la viabilidad financiera de rutas directas que, de otro modo, no estarían disponibles para los ciudadanos peruanos.

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“La realidad es que las personas que transitan por el aeropuerto están apoyando una conectividad directa adicional (...) Creo que el Gobierno lamentará estas decisiones porque desalentarán a los pasajeros que tienen opciones de ir por otras rutas”, dijo. 

El cobro de esta tasa alcanza aproximadamente US$ 11,86 para conexiones internacionales y está fundamentado en un contrato de concesión firmada en 2013. Aunque estaba contemplada contractualmente, su aplicación se había mantenido en suspenso mediante exenciones que vencieron recientemente.