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Presidente de Ecuador declara la "muerte cruzada": disuelve el Parlamento y adelanta elecciones

El mandatario había presentado este martes su defensa en un juicio político que se lleva a cabo en su contra por presunta participación en hechos de corrupción.

Por Dayana Sánchez / Foto: Reuters I Publicado: Miércoles 17 de mayo de 2023 I 08:16
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Finalmente se cumplió la advertencia que hizo el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sobre declarar la "muerte cruzada" si intentaban destituirlo. Se trata de una figura con la que se disuelve la Asamblea Nacional y adelanta las elecciones, tanto legislativas como presidenciales. 

Así, citando los artículos 147 y 148 de la Constitución política de ese país que hacen referencia a la facultad presidencial para tomar determinaciones de este tipo y una serie de disposiciones orgánicas, el mandatario ecuatoriano decretó la disolución del legislativo, bajo el argumento de una grave crisis política y de conmoción interna. 

Como segundo punto, se solicitó se comunicara al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro de un plazo de siete días, y que se le informe al legislativo sobre la terminación anticipada de los periodos para los cuales fueron designados los asambleístas. 

"Este decreto entrará en vigencia inmediatamente, a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial", concluye el documento. 

La contraofensiva lanzada por Lasso, se da tan solo horas de haberse presentado ante la Asamblea Nacional para su defensa, en un juicio político que se lleva a cabo en su contra por presunta vinculación en hechos de corrupción. 

A Lasso se le acusa de no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo. A juicio del legislativo, esto se tradujo en perjuicios a las arcas estatales.

El mandatario se defendió este martes asegurando que el contrato se firmó en 2018 cuando aún no asumía la primera magistratura y que, además, la Contraloría no identificó indicios de responsabilidad penal. 

“Se les olvidó que tanto el contrato como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre 2018 y 2020. Tres años antes de que yo asumiera la Presidencia de la República”, dijo. 

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