Autoridad ambiental respalda millonario plan ambiental de principal firma de litio chilena

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile aprobó el nuevo Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la minera SQM Salar, la filial de SQM que extrae litio desde el Salar de Atacama. El programa incorpora todas las observaciones que levantó el Primer Tribunal de Antofagasta en su sentencia y tiene un costo de más de $ 46 mil millones, unos US$ 52 millones, con lo que pasa a ser de los más altos en la historia de la SMA.

El plan contempla 52 acciones y medidas presentadas para subsanar las infracciones detectadas, cuyo procedimiento sancionatorio se inició en noviembre de 2016, luego que la SMA detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica.

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Entre las afectaciones se constató la sobreextracción de salmuera; afectación de algarrobos; entrega de información incompleta a la autoridad; no contar con un Plan de Contingencia para el sistema Peine; la no realización de estudios de meteorología local y regional y monitoreo de variables hidrogeológicas; y la modificación de las variables consideradas en los Planes de Contingencia.

Al respecto, el superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explica que “luego de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, la SMA realizó un análisis para incorporar y exigir todos los elementos en una nueva versión del programa de cumplimiento. Con ello, la SMA llegó al convencimiento que esta nueva versión cumple los requisitos para ser aprobado, incorporando importantes medidas como reducir la extracción de agua y de salmuera por toda la vida útil del proyecto, así como nuevos elementos de gobernanza y monitoreo participativo. Lo anterior es importante, porque uno de los ejes de la SMA es promover los incentivos al cumplimiento”, indicó la autoridad.

Por su parte, el fiscal (s) de la Superintendencia del Medio Amiente, Benjamín Muhr señaló que “este programa de cumplimiento requirió un trabajo muy intenso de observaciones, en el cual se consideró las observaciones de las comunidades interesadas. Estimamos que garantiza el regreso al cumplimiento normativo por parte de la empresa, haciéndose cargo de todos los efectos verificados. Ahora lo que corresponde es que la SMA fiscalice acabadamente su cumplimiento”.

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