El plan de Ecuador para duplicar inversión extranjera y licitar proyectos por US$ 30.000 millones

Ecuador está viviendo un cambio en su política pública de desarrollo, dice el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado.

Con la llegada del presidente Guillermo Lasso en mayo del año pasado, el gobierno está impulsando una serie de reformas y aperturas económicas con miras a atraer inversión extranjera.

Esta semana, una comitiva de gobierno y representantes empresariales está en Santiago de Chile, no solo para participar en el cambio de mando donde asumirá Gabriel Boric, sino que promover su cartera de proyectos y contar la nueva hoja de ruta.

No es primera vez. En pocos meses, han pasado por lugares como Perú, Nueva York, Glasgow, España, China, México y República Dominicana, dando a conocer su estrategia reflejada en un eslogan: “Ecuador open for business”.

Prado dice que el plan del gobierno tiene dos pilares: primero, abrir la economía a través de más acuerdos comerciales -aspiran a 20 en todo el mandato-, más inversiones y que “dejemos atrás el modelo donde el único inversionista grande es el Estado”.

Esto, unido a no dejar desprotegida a la población, especialmente tras la pandemia y sus efectos en la economía y el empleo. “Se requiere un Estado presente, que genere una red de apoyo”, dice.

Así, la meta es más que duplicar la inversión extranjera directa en el país. En promedio, en los últimos diez años ingresan del orden de US$ 700 millones anuales a ese país. El año pasado fueron unos US$ 1.100 millones y se busca lograr unos US$ 2.000 millones.

Pragmatismo

Pese a que los gobiernos de la región han ido tomando un giro hacia representantes de sectores de izquierda, en Ecuador parece no ser un problema.

“Tenemos un gobierno y un presidente muy pragmáticos, que lo que buscan es tener relaciones diplomáticas, comerciales y de inversión con todos los países que se puedan”, dice el ministro, lo que se ha demostrado con el acercamiento que hubo con China para las vacunas y para tener un TDLC.

De hecho, están avanzadas las negociaciones con México -que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador- para firmar próximamente un Tratado de Libre Comercio, que representa lo que quieren establecer con más países, porque incluye comercio e inversiones, pero además otros asuntos como de derechos ambientales, sociales y de equidad de género. Cerrar ese acuerdo, además, permitiría sumarse a la Alianza del Pacífico, que está integrada por Chile, Perú, Colombia y México.

Consultado sobre las bases de apoyo que tiene esta estrategia, tomando en cuenta que algunos de estos acuerdos han perdido relevancia en otros países, Prado dice que este es el modelo a seguir y que tiene respaldos políticos en términos generales en su país, aunque evidentemente algunos sectores industriales temen a los acuerdos comerciales, pero con ellos se está promoviendo una estrategia interna de competitividad, que incluye temas como innovación a través de cluster sectoriales.

Infraestructura público-privada

La última reforma que está impulsando el gobierno, es una que busca hacer una reforma para simplificar los pasos y dar mayores certezas a las alianzas público-privadas, así como subir el estándar del mercado de valores y potenciar las zonas francas. 

El gobierno de Lasso tiene el objetivo de que este proyecto -que debería terminar su tramitación dentro de un par de semanas- permita cerrar alianzas con privados para proyectos por US$ 30.000 millones.

“Ya tenemos identificados los proyectos, se están estructurando y solo necesitamos cambios jurídicos para hacer estos cambios estables”, dijo el ministro.

Dice que hay iniciativas en puertos, aeropuertos, carreteras, iniciativas de generación eléctrica, minería y telecomunicaciones, entre otros. Todo, bajo varias formas de asociación, ya sea a través de concesiones o, en el caso de minería, con el pago de regalías.

Esto, a la par de ir cerrando contratos que dan garantías a las inversiones a las iniciativas privadas, para que tengan estabilidad jurídica por un período de tiempo determinado.

El año pasado, Ecuador cerró contratos de este tipo por US$ 2.158 millones y ya en las primeras semanas del año van solicitudes por más de US$ 4.000 millones, dado que permite acceder a bajas de impuestos y exenciones de aranceles para algunas importaciones.

Así, han llegado -por ejemplo- inversiones españolas y británicas para generación eólica y minería, por casi US$ 1.000 millones, detalla el ministro. De todos modos, el 50% del total lo aprovechan empresarios locales.

Temores en minería

Sin embargo, este proceso no se prevé fácil. Hace unas semanas, una serie de fallos de la Corte Constitucional de ese país crearon ruido en la minería, porque podrían interferir en el desarrollo de la industria, a raíz de problemas de consulta previa a las comunidades bajo los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en la entrega de algunas concesiones.

Prado reconoce que esto generó temor en algunos inversionistas, pero explica que los fallos no imposibilitan las inversiones mineras, aunque obligan a dar pasos adicionales en el desarrollo de proyectos.

Por eso, el lunes pasado tuvieron una reunión con los cinco embajadores más importantes en temas de minería -Chile, Australia, EEUU, Inglaterra y Canadá-, además de las empresas más grandes del Ecuador, para aclarar esos puntos, determinando qué puede hacer el Estado en esto, por ejemplo dando más claridad a las licencias ambientales, porque -dice- su país quiere una industria sostenible; o iniciar contactos con los municipios que aplican las consultas previas para abordar la situación.

“Tu puedes tener todas las licencias económicas y ambientales, pero la social no te la entrega nadie, sino que la sociedad, y el problema es que este tema no ha sido bien trabajado en general, por eso después se puede dar un revés. Por eso queremos buscar las mejores comunicaciones y las formas de llegar a esto”, dice.