Se desata un "tsunami" de litigios en torno al Presidente argentino Javier Milei

Por Ciara Nugent
Buenos Aires

Las prolongadas disputas legales de Argentina con muchos de sus antiguos inversionistas están llegando a un punto crítico, y los miles de millones de dólares en daños y perjuicios en juego podrían complicar los intentos del Presidente Javier Milei de arreglar la problemática economía del país.

Demandas por decisiones tomadas por administraciones anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al Ejecutivo para que negocie.

Mientras Milei dice que pagará las obligaciones de su país, a puertas cerradas los funcionarios advierten que el Gobierno luchará hasta el final para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina.

“Desafortunadamente para Milei, un tsunami de sentencias que se ha ido acumulando durante dos décadas ahora se está desatando, con fallos finales en todos los casos (importantes) que deben resolverse en su mandato de cuatro años”, dijo Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors.

Maril estima que las indemnizaciones en los casos en curso contra Argentina podrían ascender a US$ 31.000 millones sin intereses, aunque fuentes gubernamentales argumentaron que la cifra era “altamente especulativa” ya que incluye más de US$ 12.000 millones en indemnizaciones estimadas por reclamos sobre los cuales los jueces aún no se han pronunciado.

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El caso de YPF

La sentencia más grande, con diferencia, es la de US$ 16.000 millones que un tribunal de Nueva York otorgó el año pasado a exaccionistas minoritarios de la empresa energética estatal YPF, que Argentina expropió en 2012. Argentina está apelando, argumentando que la decisión del tribunal de Nueva York fue defectuosa y que la indemnización fue “groseramente inflada”.

El tribunal está sopesando si obligar a Argentina a entregar el 26% de las acciones de YPF que posee el Gobierno de Milei como pago, mientras espera una decisión de los tribunales superiores. Los demandantes están financiados en gran parte por la empresa de financiación de litigios Burford Capital.

También se están acumulando silenciosamente otras reclamaciones. El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de Argentina a una sentencia de US$ 1.500 millones por cambios en la forma en que el país calcula el PIB, que redujeron los pagos de sus bonos vinculados al crecimiento. El Gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentar una acción de ejecución.

En agosto, un tribunal estadounidense se negó a anular un laudo arbitral de US$ 340 millones por la expropiación de la aerolínea Aerolíneas Argentinas por parte del Gobierno argentino en 2008. Otro tribunal estadounidense dictaminó que un grupo de acreedores que no pagaron sus deudas en el default soberano de Argentina en 2001 puede recuperar tres cuartas partes de un laudo arbitral anterior de US$ 417 millones mediante la incautación de algunos fondos argentinos depositados en Estados Unidos.

El Gobierno de Milei ha sido profundamente crítico de las administraciones peronistas de izquierda que tomaron las decisiones políticas controvertidas y se ha comprometido a superar la reputación de Argentina como un moroso serial.

“Las soluciones 'creativas' de los gobiernos populistas han traído consecuencias económicas trágicas y han desacreditado a nuestro país”, dijo el jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, en X tras la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido. “Nuestro mayor compromiso es trabajar cada día para volver a ser un país serio a los ojos del mundo”.

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Sin dinero

Pero Argentina no tiene dinero para pagar. El banco central del país tiene reservas insignificantes de divisas y ya enfrenta interrogantes sobre cómo hará para pagar más de US$ 14.000 millones en deuda soberana que debe a los tenedores de bonos y a los prestamistas multilaterales el año próximo.

Jaime Reusche, vicepresidente y oficial senior de crédito de Moody's Investors Services, dijo que las sentencias estaban aumentando la presión sobre la limitada capacidad de Argentina para realizar pagos externos, la principal razón por la que Moody's aún no ha mejorado la calificación crediticia del país, a pesar de las mejoras macroeconómicas bajo el liderazgo de Milei.

“Hay un 50% de posibilidades de que el gobierno argentino pueda cumplir con sus compromisos en los próximos dos o tres años”, dijo. “El panorama es tan delicado que si cambian un par de variables, podrían tener que (renegociar) los pagos de la deuda, y estas sentencias son un pasivo contingente muy real”.

Las autoridades argentinas dicen que agotarán las posibilidades legales para proteger el erario público, tanto en los casos sin sentencia definitiva como en los juicios por un valor de casi US$ 2.400 millones en los que ya no se puede apelar la decisión, pero sí se puede impugnar su ejecución.

“Ejerceremos nuestro derecho a proteger nuestros activos como lo haría cualquier soberano”, dijo un funcionario del Gobierno. “A nadie le gusta mantener abiertos los litigios, pero tenemos muchas exigencias sobre nuestros recursos, especialmente dadas las limitaciones del sector fiscal, de las que los acreedores judiciales son muy conscientes”.

Los críticos del Ejecutivo argumentaron que las declaraciones de Milei, como una publicación reciente en X que se refería a “la expropiación ilegal de YPF”, estaban enturbiando las aguas de ese caso y podrían dañar las posibilidades de Argentina de prevalecer en la apelación.

Los demandantes en el caso YPF han intentado que Argentina negocie un acuerdo, pero el Gobierno no ha participado en esos esfuerzos.

Quienes abogan por que Argentina se siente a la mesa de negociaciones dicen que una batalla prolongada aumentaría los intereses, mientras que los intentos de confiscación de activos avergonzarían a Argentina, socavando el esfuerzo de Milei de atraer la tan necesaria inversión extranjera.

“Patear el problema más adelante nunca nos ha ido bien, porque casi siempre perdemos en estos casos”, dijo Maril, señalando que Argentina ya había pagado US$ 17.000 millones desde 2000 a tenedores de bonos en mora, accionistas expropiados y otros.

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Resolver los problemas

Marcelo García, director para las Américas de la firma de inteligencia Horizon Engage, dijo que el litigio había pesado sobre las decisiones de los inversionistas al poner de relieve el grave problema de flujo de caja de Argentina. Pero agregó que será más difícil que en el pasado para los demandantes "convertir a Argentina en un paria internacional" ahora que Milei está implementando muchas de las reformas exigidas por los inversionistas.

Los solicitantes que estaban presionando para recibir el pago rápidamente deberán esperar, dijo el funcionario del Gobierno argentino. 

“No siempre resulta obvio para el sector privado cómo un gobierno aborda estas reclamaciones. No podemos sacrificar el capital social a corto plazo como lo haría una corporación, porque un estado no puede declararse en liquidación. No tenemos los mismos plazos”, dijeron. “Pero queremos que los problemas se resuelvan de la manera más rápida y eficiente posible”.

En muchos de los casos, los demandantes buscan activos argentinos para embargarlos en lugar de pagarlos. Los expertos afirman que será difícil, ya que los pocos activos que se encuentran en el exterior, como propiedades diplomáticas o activos del banco central, están protegidos contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones.

Hay excepciones. Durante la batalla de 15 años que el fondo de cobertura estadounidense Elliott Management emprendió para recuperar los bonos argentinos en mora, Dennis Hranitzky, actualmente jefe de litigios soberanos y prácticas de recuperación de activos globales en el bufete de abogados Quinn Emanuel, logró incautar US$ 70 millones de Argentina. Su equipo también incautó brevemente un buque de guerra argentino en el puerto de Ghana en 2012, lo que avergonzó a Buenos Aires, pero pronto fue liberado.

El equipo de Hranitzky también identificó los 312 millones de dólares de fondos estatales argentinos depositados en Nueva York que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó en agosto que deben ser entregados a los tenedores de bonos holdouts.

“He estado haciendo esto continuamente durante los últimos 22 años y puedo decir por experiencia que, si bien recolectar en Argentina no es fácil, se puede hacer”, dijo Hranitzky.