Petro planea aprobar el presupuesto por decreto, una medida sin precedentes en el país

Por Joe Daniels
Bogotá

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, planea emitir el presupuesto nacional por decreto después de que los legisladores rechazaran sus propuestas de aumento del gasto, dijo su ministro de Hacienda, una medida sin precedentes desde que se promulgó la constitución actual hace más de tres décadas.

Su Gobierno, el primero de izquierda en la historia moderna de Colombia, había solicitado un presupuesto de 523 mil millones de pesos (US$ 126.000 millones) para 2025, pero un comité del Congreso lo rechazó el mes pasado y exigió un menor gasto. Algunos legisladores acusaron a Petro de intentar reforzar el apoyo con concesiones antes de las elecciones de 2026.

Petro y el ministro de Finanzas, Ricardo Bonilla, dijeron en respuesta que impulsarían el paquete mediante decreto, una maniobra permitida por la Constitución colombiana pero que no se utiliza desde que fue adoptada en 1991.

“La regla es clara: si el Congreso no puede tomar una decisión —y no hubo debate— entonces el Gobierno puede aprobarla por decreto”, dijo Bonilla al Financial Times.

“La norma dice que el presupuesto es una iniciativa del gobierno y por lo tanto es el Gobierno el que tiene todo el poder para tomar decisiones”, dijo. “Pero no hay nada extraordinario en eso, ni es cierto cuando la gente dice que esto es una especie de dictadura fiscal”.

El Gobierno tiene hasta el 20 de octubre para conseguir que el Congreso apruebe el presupuesto del año próximo, algo que según Bonilla es imposible. En lugar de ello, el Ejecutivo emitirá un decreto presupuestario entre el 21 de octubre y el 30 de diciembre.

Bonilla admitió que cualquier decreto probablemente sería impugnado ante el tribunal constitucional. “Existe la posibilidad de que [el decreto] sea impugnado y el tribunal tenga que decidir, pero el tribunal ha fallado [a favor] del poder de decreto en el pasado y no creo que cambie su opinión”, dijo.

Petro, quien en su juventud perteneció a un grupo guerrillero urbano, asumió el cargo en 2022 con la promesa de revisar el modelo económico ortodoxo del país, que se ha sustentado en asociaciones público-privadas.

Su reforma de pensiones se aprobó en junio, pero se ha sentido ampliamente frustrado por los legisladores que rechazan las propuestas de ampliar el papel del Estado en el sistema de salud y endurecer las leyes laborales.

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Petro ha descrito a menudo los reveses políticos como un “golpe suave” de élites oscuras y políticos de oposición, y ha planteado la posibilidad de redactar una nueva constitución.

Sus críticos sostienen que sus amenazas sobre el presupuesto indican un deseo de resistirse al sistema de pesos y contrapesos del país. Mauricio Cárdenas, secretario de Hacienda de 2012 a 2018, dijo que Petro estaba emulando al exPresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó transferencias de efectivo presupuestadas para consolidar el apoyo.

“El Gobierno entiende que una de las estrategias que se pueden utilizar para aumentar su apoyo es otorgar más transferencias de efectivo”, dijo Cárdenas, y agregó que la incapacidad de Petro para trabajar con el Congreso representa un “fracaso”. “Muestra debilidad y que Petro no está dispuesto a ceder”.

Bonilla dijo que si bien “todo presupuesto tiene componentes políticos”, las afirmaciones de la oposición de que el gobierno quería influir en las elecciones de 2026 “no tienen ningún sentido”.

Petro también se ha mostrado enojado con el banco central, y la semana pasada hizo un llamado inusual a su directorio para que emita dinero para las víctimas de la guerra civil colombiana que dura décadas.

Los índices de aprobación de Petro han rondado el 35% durante meses.

La disputa presupuestaria se produce en un momento en que la economía colombiana lucha por recuperar impulso. Se prevé que el crecimiento sea de un lento 1,7% este año, y aunque la inflación cayó a un 6,1% anual en agosto, sigue estando muy por encima del objetivo del gobierno de fin de año del 3%. 

El peso ha perdido 9,76% de su valor frente al dólar desde junio, mientras que el ciclo de flexibilización del banco central probablemente mantendrá la presión sobre la moneda. 

Se espera que el déficit fiscal del país alcance el 5,6% del PIB a fines de este año, mientras que el gobierno anunció en junio un recorte del gasto de 20 mil millones de pesos (US$ 4.700 millones) para cumplir con la regla fiscal, una política supervisada por un comité independiente que está diseñada para evitar que las finanzas públicas se deterioren.

El Gobierno ha dicho que impulsará una reforma fiscal en el Congreso para recaudar US$ 2.890 millones para su propuesta de aumento presupuestario de 2025, en parte aumentando los impuestos a las apuestas. Si el presupuesto se decretara pero fuera rechazado por la corte constitucional, eso dejaría al gobierno con un presupuesto aprobado menor de 503 mil millones de pesos (US$ 118.800 millones).

El riesgo político está dañando la confianza de los inversionistas, dijo Andrés Pardo, jefe de estrategia para América Latina en XP Investments.

“Por un lado, el tema presupuestario envía señales negativas a los mercados sobre esta gestión inconsistente, errática y poco realista de las finanzas públicas”, dijo Pardo. “Y por otro lado, el gobierno está perpetuando una narrativa populista de descrédito a las instituciones”.

Bonilla culpó al Congreso por el impasse presupuestario. “Esta vez, el problema es que el Congreso no quiso negociar”, dijo.