Congreso de Colombia ratifica Acuerdo de Escazú

El Congreso de Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, el primer pacto regional de América Latina y el Caribe y del mundo que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos de medio ambiente.

La aprobación se logró el lunes en la noche en el legislativo, dos meses después de que asumió el economista Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda en la historia del país de 50 millones de habitantes.

"Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas", dijo Petro en su cuenta de Twitter. "Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana".

Colombia se unió a otros 13 países de América Latina y el Caribe que han ratificado el convenio de 24 que lo suscribieron.

Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, figuran entre los países que lo ratificaron previamente

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, entró en vigor el 22 de abril de 2021 y garantiza el acceso a la información ambiental en proyectos que puedan afectar a las comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales.

También asegura la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales y ofrece garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.

"La decisión del Congreso colombiano de ratificar el acuerdo de Escazú es un salvavidas vital para los defensores que enfrentan innumerables ataques en Colombia y que arriesgan sus vidas tratando de defender su tierra y el medio ambiente", dijo Shruti Suresh, líder de estrategia de campaña de la ONG Global Witness, en una declaración.

Colombia es considerado como uno de los países más violentos para los defensores ambientales.

El último informe de Global Witness advirtió que en 2021 fueron asesinaron 33 líderes ambientales en el país. A nivel mundial, los países más inseguros para los defensores ambientales son México, Colombia y Brasil.

El acuerdo deberá cumplir un trámite de conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado antes de que el presidente Petro lo promulgue y la Corte Constitucional avale su legalidad.