A un mes de las elecciones presidenciales en México: ¿cuáles son los programas económicos de las candidatas?

Dentro de exactamente un mes, México tendrá nuevo o nueva Presidenta. El país votará, entre tres candidatos, a quien sucederá a Andrés Manuel López Obrador por seis años: Claudia Sheinbaum, quien lidera las encuestas y es vista como la ficha de continuidad del actual Gobierno; Xóchitl Gálvez, exsenadora y líder de la fuerza opositora; y Jorge Álvarez, quien no ha podido despegar en los sondeos y lidera al partido Movimiento Ciudadano.

Al 30 de abril, las encuestas siguen colocando a la representante de Morena al frente con un 48,9% -según Encuesta MX-, pero Gálvez ha acortado la distancia a un 40,4%, y muy de lejos está Álvarez, con 6,9%.

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La ficha de AMLO

Sheinbaum tiene un programa que pretende continuar con la política social del Gobierno de AMLO; sin embargo, ha dicho que este gasto iría acompañado de una “austeridad republicana” en la que los recursos del Estado sean bien utilizados.

“Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. No regresarán los lujos ni privilegios(...) y no vamos a recuperar los privilegios del Gobierno”, se lee en su programa 100 pasos para la transformación.

Propone alza del salario mínimo en acuerdo con el sector empresarial, con miras a llevarlo a 2,5 canastas básicas diarias, lo que “significa un aumento nominal los siguientes años de cerca del 11% anual”. 

En cuanto al desarrollo del sector privado, la científica y política ha prometido impulsar el nearshoring, un área que ha sido importante para el desempeño económico de México en los últimos años. Por ello, Sheinbaum señaló que van a hacer polos de desarrollo, pero aclaró que “no queremos que vengan las empresas con bajos salarios para las mexicanas y mexicanos”. 

Por eso, además de fortalecer los 12 parques industriales del sudeste construidos en el último sexenio, crearán otros 10 nuevos polos especializados por sector y que, según los planes, estarán acompañados de carreteras, líneas férreas, puertos y aeropuertos, entre otros.

“Adicionalmente, debe promoverse y acompañar la construcción de al menos 100 parques industriales adicionales para ordenar y distribuir las inversiones nacionales y extranjeras”, señaló el programa.

La transición energética es otro de los puntos claves de la candidata, quien apunta a que las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) “deben fortalecerse como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos, la relocalización de inversiones y el interés nacional”.

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Xóchitl Gálvez

Uno de los pilares fundamentales de la senadora opositora es el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) para impulsar la clase media mexicana.

En esa línea, Gálvez ha mencionado que creará la Agencia de la Pequeña Empresa del Emprendedor de la Innovación: “Creemos en que la gente genere empleo y prosperidad”, declaró la también empresaria.

En cuanto al desarrollo del nearshoring en el país, consideró que la inversión se está yendo a otros países, porque México no da certeza jurídica a los inversionistas extranjeros y dijo que en su Gobierno darán facilidades en materia fiscal, pago de impuestos y trámites. 

Para apoyar el comercio, plantea ampliar los puertos, a su juicio hoy con problemas de saturación, y construir nuevos centros logísticos.

En el ámbito energético, la candidata tiene una visión parecida a su rival en cuanto a la transición hacia energías renovables. En ese sentido, ha señalado que pretende disminuir la dependencia de hidrocarburos y generar energía a través del aire, sol y otras energías alternativas.

Sobre Pemex, aseguró que cambiaría su nombre a Emex (Energías Mexicanas) como parte de esta transición de energías fósiles a renovables.

En materia de programas sociales, la candidata prometió mantener los programas existentes y reforzar la disminución de personas en situación vulnerable. En esa línea, una de las propuestas más llamativas para ayudar a la población es el no pago de impuestos a todo aquel ciudadano que no gane más de 15.000 pesos (US$ 883) de salario mensual, lo que beneficiaría a 20 millones de mexicanos.