Prestadora de salud Sanitas demanda al Estado colombiano ante el Ciadi por "expropiación indirecta"

En 2024, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro intervino a las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) que operaban en Colombia, entre ellas Sanitas, perteneciente al grupo español Keralty, que hace parte de las firmas Natanor XXI y Centauro Capital.

Esta decisión del Ejecutivo podría costarle caro, ya que las compañías están solicitando una indemnización de más de US$ 1.000 millones como parte de una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En el documento presentado el martes pasado por las firmas españolas Natanor y Centauro se puede leer que argumentan que la decisión del Gobierno es una “expropiación indirecta”, “arbitraria” y “discriminatoria”, que les ha generado "graves perjuicios económicos".

Junto con esto, detallan que la intervención de las EPS, especialmente la de Sanitas, viola el acuerdo firmado en 2005 por Colombia y España para la promoción y protección recíproca de inversiones.

El caso ha generado gran preocupación no solo entre los inversionistas extranjeros, sino también dentro de Colombia, dado que el país podría enfrentar graves implicaciones económicas y reputacionales si el tribunal arbitral falla en su contra.

De cara a los inversionistas extranjeros y nacionales, la seguridad jurídica para invertir en el mercado cafetero se difumina.

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Defensa del Estado

Ante este proceso judicial, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) representará al Estado colombiano. 

Tras conocer la medida tomada por las firmas españolas, aseguró que está preparada para defender la legalidad de las acciones emprendidas por el Gobierno y “demostrar que la intervención de la EPS Sanitas se realizó con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes y garantizar la prestación de servicios esenciales”.

Por el momento, el caso está en su etapa inicial, por ende, lo que se buscará de manera inmediata es una conciliación directa entre las partes.

De fracasar esta fase, se presentará una demanda formal que buscará -nuevamente- la conciliación y de no lograrlo un tribunal decidirá sobre la demanda y las pretensiones económicas de las empresas y la defensa del estado Colombiano.

De acuerdo con el historial de otros litigios que se han sostenido en el organismo internacional, este proceso podría tardar hasta cinco años.

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