Ley minera en México no golpearía atractivo de las grandes compañías, pero sí a pequeños actores

El sector minero en México atraviesa un contexto desafiante marcado por varias situaciones que, si bien no afectan a todos los actores por igual, sí se derivan, en su mayoría, de la polémica reforma al sector impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ya se encuentra en vigencia.

Las críticas sobre la normativa no son nuevas, pues durante su discusión, tanto la Cámara Minera de México (Camimex) como actores vinculados, hicieron llegar insistentemente sus cuestionamiento a la reforma, calificada como “nacionalista” en su sesgo.

Y es que no solo recorta los tiempos de las concesiones a 30 años, o redefine que la entrega de las mismas para exploración sean vía concurso a través del Estado, sino que además toca varias otras legislaciones, como el de la regulación del uso de las aguas, un recurso vital para el desarrollo de esa industria.

“En definitiva, esta normativa endurece las condiciones para el sector. Recordemos que la minería en México tenía básicamente el mismo esquema desde 1992; entonces se intentó hacer una gran cantidad de modificaciones al marco legislativo más allá de la ley en sí”, dijo a DFSUD Hector Collantes, director de Fitch para América Latina.

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Gran minería

Para el analista son varios los efectos que se avizoran en el horizonte y que son compartidos por otras voces del mercado.

El primero de ellos está vinculado con el impacto general al sector, producto de condiciones más estrictas y cambios que eventualmente deriven en una menor llegada de nuevas inversiones, principalmente canadienses.

De hecho, las proyecciones del gremio minero anticipan que la inversión en 2023, sería un 1% menos que la anotada en el ejercicio anterior y que, en adelante, el panorama se vería “sombrío”.

El segundo efecto tiene que ver con la operación de las minas, “donde sí vemos que con las nuevas reglas va a haber mayores gastos y costos, lo que de algún modo va a reducir la rentabilidad” de las operadoras.

Eso sí, dijo Collantes, “nuestra primera lectura es que esta no va a ser tan severa particularmente para compañías como Grupo México, Americas Mining Corporation, Southern Copper o Industrias Peñoles”.

Un reporte de Moody’s señala algo similar, pues sostiene que no habría un efecto inmediato en la calidad crediticia de la productora de oro Fresnillo Plc o Southern Copper Corporation -filial del Grupo México-, ya que las concesiones existentes para ambas empresas vencen en la década 2050-2060.

 “Tampoco esperamos ningún impacto crediticio inmediato para las operaciones de Orbia Advance Corporation”, cuyas concesiones actuales están distribuidas en varios contratos con vencimientos entre 2029 y 2061, “lo que le da a la compañía cierta diversificación y potencialmente limita su riesgo por cambios en las reglas”, se lee más adelante.

El impacto se anticipa acotado para la gran minería, entre otras razones, por su musculatura financiera y adopción de criterios ESG, dijo Denisse Rodríguez analista de S&P. 

Pero para Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las modificaciones al código de aguas sí representan una amenaza, aunque también acotada. “Grupo México, Peñoles y Frisco de Grupo Carso son de las que más expuestas se encuentran”, dijo.

Fitch complementó la idea asegurando que la preocupación del sector va asociada a las definiciones específicas pendientes del uso de agua ante un estado de emergencia y otras vinculadas a la forma en la que las empresas van a tener que reportar el uso del recurso, que es otra de los de los elementos que exige la ley.

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Pequeños actores

Más allá de la gran minería, Collantes sostuvo que los más afectados serán los pequeños actores, que en su mayoría se concentran en la exploración, otra de las normas que se modificó en la nueva normativa.

“Si es que uno lee lo que fue publicado en la Gaceta de México se entiende que se está nacionalizando la exploración. Entonces los incentivos para desarrollarla han caído y el interés por las definiciones reglamentarias finales es muy alto. Cuando uno revisa esto, quienes más se afectan son las compañías que están en fases de crecimiento. Por ello no sorprende que sean las empresas de un perfil de riesgo más alto como las junior las que más se afecten”, explicó.

Sin perjuicio de esto último, el analista hizo hincapié en que la afectación que se proyecta sobre el sector, en especial sobre la pequeña y mediana minería, va acompañada de un deterioro institucional y una intervención estatal más fuerte en los últimos años. 

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Grupo México

La mirada de los analistas consultados sobre la clasificación de Grupo México y su filial minera son diversas, aunque predomina una percepción estable.

“La calificación sigue en BBB+ con perspectiva estable. Vemos que los ingresos van a seguir creciendo para los siguientes años, esperamos un 15,6% más para 2023 y un 7,2% más para 2024”, dijo Rodríguez de S&P.

Lo anterior, explicó, responde a dos factores: “el fuerte precio del cobre que favorecería a la empresa dado que sobre el 80% sus ingresos provienen de este metal, y a un fuerte volumen también de las minas de cobre, principalmente Buenavista en México y Toquepala en Perú, que son las más más grandes de Grupo México y las que proveen más” el metal rojo.

Para el cash cost, un indicador que mide el costo de producir una unidad de mineral, “aunque se ha visto presionado por la inflación, sigue en el primer cuartil en niveles muy competitivos y de alguna manera va a empujar a que los márgenes de Ebitda sigan estando alrededor del 53%”.

Un informe elaborado por Scotiabank, en cambio, sí recorta su previsión del Ebitda para 2023-2025 de Southern Copper, anticipando una disminución de 3% a 11% “debido a nuestros menores precios de los metales proyectados”. 

Para Grupo México, en tanto, se repite el escenario, pero en menor cuantía (una disminución del Ebitda entre un 1% y un 7% en el mismo periodo).

Moody’s y Fitch, por su parte, mantienen su pronóstico estable.  

Karen Flores, la ejecutiva mexicana que lidera el gremio minero en medio de reformas al sector