El avance de la minería ilegal en América Latina: ¿qué países están bajo el flagelo?

“La minería ilegal es, por lejos, el delito ambiental más extendido y perjudicial en las regiones de triple frontera de la Amazonía”, asegura un estudio realizado por InSight Crime -fundación dedicada a la investigación de temas de amenazas a la seguridad nacional en América Latina y el Caribe- y el Instituto Igarapé, centrado en temas de seguridad y desarrollo en Brasil.

Son precisamente esos países -Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela- los que comparten el vasto territorio de bosques amazónicos y los más afectados por los negocios ilícitos que ocurren a lo interno, así como el impacto ambiental que esas prácticas dejan.

En el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, “la minería ilegal de oro ha crecido a una velocidad alarmante” y “decenas de miles de mineros ilegales han invadido el territorio del pueblo indígena Yanomami”, sostiene el estudio.

En gran medida, quienes están inmersos en este tipo de actividades van en búsqueda de oro, aunque también exista interés por otros tipos de metales y minerales. 

Como Venezuela, la extracción ilegal en Brasil creció más de 400% tan solo en la última década, con más de 20 mil buscadores de oro irrumpiendo en la Amazonía y en los territorios indígenas.

Según un informe de la Universidad Federal de Minas Gerais, se estima que el 30% de las 158 toneladas de oro producidas entre enero de 2021 y junio de 2022 tiene indicios de origen ilegal o potencialmente ilegal.

Es la primera economía latinoamericana la que cuenta con más personas dedicadas a la actividad: 467 mil trabajadores. Le siguen Colombia (385 mil), Bolivia (170 mil) y Perú con un estimado de 110 mil trabajadores directos, según la Cepal.

“A ellos deben sumarse un aproximado de 500 mil trabajadores indirectos", dijo el fundador y director de V&C Analistas, Dante Vera Mille, en conversación con DFSUD.

Ecuador está levemente por debajo con 105 mil trabajadores, seguido por Venezuela con 50 mil y México con 40 mil.

Según cifras del Banco Mundial -citadas por Vera Mille- se registró un incremento estimado del empleo en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el mundo, pasando de 30 millones en 2014 a 41 millones en 2017.

Otro dato que reveló el experto es que entre 2001 y 2020 se perdieron más de 636 mil hectáreas de bosque amazónico, siendo la cifra más alta de los últimos 20 años.

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Situación en Perú

Un reciente estudio de la consultora de V&C Analistas, denominado “Abordaje integral de la Minería Informal e Ilegal en el Perú” -encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)- dejó en evidencia la fuerte expansión de la explotación ilegal en el país andino.

“El crecimiento y la expansión de la pequeña minería y la minería artesanal informal e ilegal en todo el territorio nacional ha superado en velocidad y complejidad los mecanismos normativos e institucionales previstos en el proceso de formalización minera (2002–2023)”, detalló.

Y añadió que esta situación “no es ajena a la realidad mundial y latinoamericana, como no es ajeno también el creciente vínculo de la minería ilegal, sobre todo aurífera, con organizaciones criminales transnacionales".

Entre los incentivos para este aumento está la llamada fiebre del oro: “El alza del precio del oro y del cobre incentiva el crecimiento y expansión de la minería informal e ilegal con todos los impactos negativos para el ambiente, los derechos humanos y la economía nacional”, explicó el experto.

El cálculo que se hace del impacto económico en la nación alcanza al 2,5% del PIB con datos de 2022. “Controla el 39,2% de la producción anual de oro valorado aproximadamente en US$ 4 mil millones”, apuntó Vera.

Y detalló que si se consideran los costos directos (producción y salarios) e indirectos (pérdida de productividad, costo ambiental y costo fiscal) anuales de la minería no formal, “el impacto en la economía nacional asciende a un monto aproximado entre los US$ 6 mil y US$ 8 mil millones”.

Según la Gerencia de Estudios Económicos de Scotiabank, las exportaciones de oro superan a su producción, tanto en Perú (+45%) como en Bolivia (+93%). Estas cifras demostrarían que en Perú la brecha está marcada por la producción ilegal de oro, que incluso “debe ser aún mayor”, mientras que lo que sucede en Bolivia “debe referirse al contrabando de oro proveniente del país vecino”.

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El desafío en Ecuador

Otro de los países que ha visto crecer la minería ilegal es Ecuador. 

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, señaló que aunque no hay registros por ser una actividad ilegal “sí sabemos que en 20 de las 24 provincias del país hay actividades de minería ilegal, inclusive en áreas protegidas donde no debería haber absolutamente ningún tipo de actividad económica”. 

La líder gremial comentó que es un país rico en oro y este mineral es superficial, por ende, “muy fácil de sacarlo”. 

Para Silva, este es un gran desafío para el nuevo gobierno -del recién electo empresario Daniel Noboa-, el mismo que ha anunciado desinversión en la industria minera. “Mientras más se refrende y se refuerce a la minería responsable, mientras más se concesione la minería responsable, más se va a frenar el avance de esta oleada nefasta que es la minería ilegal”, señaló.

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Medidas

Para detener la minería ilegal los países extractores deben tomar medidas urgentes como incentivos a la formalidad y regulación de las faenas mineras. 

Según Vera, el Estado peruano viene aplicando desde 2012 una política pública de "Formalización Integral de la Minería Informal" y ha aprobado diferentes planes de erradicación de la minería ilegal, principalmente basadas en acciones de interdicción, incautación y destrucción de campamentos, maquinarias y equipos dedicados a esta actividad ilícita. 

Para esto, se “ha procedido a modificaciones en el Código Penal para considerar a la minería un delito grave que afecta a un bien común como es el medio ambiente y se han establecido penas al respecto”.

Sin embargo, el esquema normativo, “ha fracasado por el reducido número de mineros formalizados; de los más de 80 mineros inscritos en el REINFO el 71% están en condición de suspendidos por no cumplir con los requisitos para su formalización; la autoridad no ha resuelto la traba principal del proceso de formalización”, apuntó.

Una de las medidas tomadas por Perú fue ampliar el proceso de formalización hasta diciembre de 2024.

En el caso de Ecuador, Silva recomendó tomar “acciones coordinadas”. 

Por una parte, dijo, el Estado “tiene que fortalecer los organismos de control, capacitarlos y darles las herramientas. Por otra parte, también las autoridades judiciales tienen que entender que son parte de la lucha contra la minería ilegal”. 

A eso “hay que sumar la apertura del catastro minero, pero de una manera responsable y siendo absolutamente selectivos con quien vamos a recibir”.

Cabe recordar que el catastro minero en Ecuador está cerrado desde fines de 2017, lo cual también coincidió con el alza de la minería ilegal.