En una semana quebraron dos históricas lácteas argentinas manejadas por el grupo venezolano Maralac

Una nueva empresa del sector lácteo terminó en la quiebra. Se trata de Lácteos Conosur, operadora de la histórica marca La Suipachense. Fundada como una cooperativa en 1947 en la localidad bonaerense de Suipacha, la firma estaba bajo el control del grupo venezolano Maralac, el mismo que manejaba ARSA, también declarada en quiebra hace poco menos de una semana.

El martes por la tarde, el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur, titular de la marca, al mismo tiempo que decretó su quiebra. 

La empresa arrastraba una deuda de más de 8.000 millones de pesos argentinos (US$ 5,6 millones) de cheques rechazados, a lo que se sumaban insumos impagos, deudas con productores y una actividad industrial paralizada hace, por lo menos, seis meses. Esto, como consecuencia, eliminó a la etiqueta de las góndolas, al punto que los distribuidores de la marca no recibían sus productos desde principios de año.

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La disposición judicial, en tanto, ordenó la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León.

La empresa fue un emblema, tanto de su ciudad de origen, como del resto de las localidades del territorio bonaerense, que dependían, sobre todo en sus inicios, de su provisión de leche. En su mejor momento, llegó a procesar alrededor de 250.000 litros diarios.

La crisis de La Suipachense comenzó a profundizarse en los últimos años, cuando la cooperativa original pasó a manos privadas. En una primera etapa, se asoció con la empresa de capitales chilenos Lácteos Conosur, que más tarde quedó controlada por el grupo venezolano Maralac, dueño también de ARSA, la empresa que producía yogures y postres bajo la marca SanCor que quebró la semana pasada.

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Con la nueva gestión, la compañía buscó ampliar su producción y mercados, pero los resultados nunca llegaron. Los problemas financieros se multiplicaron ya que los pagos a productores de leche y proveedores comenzaron a demorarse, se acumularon cheques rechazados y los trabajadores empezaron a sufrir atrasos salariales cada vez más prolongados. Se trata de una historia similar a la de ARSA.

A mediados de 2025, la situación se volvió insostenible. La planta apenas elaboraba 40.000 litros diarios, con líneas de producción paralizadas y cortes de servicios básicos, como gas y electricidad, por falta de pago. Ante la ausencia de respuestas de los directivos, los empleados tomaron el control de la fábrica, con apoyo del gremio lechero Atilra, en un intento de preservar las fuentes de trabajo y mantener la empresa en pie.

Sin embargo, sin capital ni posibilidades de financiamiento, la producción terminó por detenerse por completo. La decisión judicial dejó sin trabajo a unos 140 trabajadores y golpeó de lleno a la economía de Suipacha, una localidad de poco más de 12.000 habitantes cuyo desarrollo giraba en torno a la planta.

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