Brasil aumentará el gasto fiscal en vísperas de las elecciones presidenciales

Por Michael Pooler y Carolina Ingizza

São Paulo

Brasil ha aprobado una enmienda constitucional que le permite al gobierno de Jair Bolsonaro gastar 41.300 millones de reales brasileños (US$ 7.600 millones) más en ayudas sociales, una medida que, según los críticos, está destinada a aumentar su popularidad de cara a la campaña de reelección.

Las elecciones generales en Brasil están previstas para el 2 de octubre de 2022 para elegir al presidente, al vicepresidente y al congreso nacional.

Por 469 votos a favor y 17 en contra, los legisladores de la Cámara Baja aprobaron este miércoles por la noche el proyecto de ley, el cual le permite a Brasilia eludir la prohibición de nuevas o mayores prestaciones sociales durante un año electoral declarando un estado de emergencia. La medida ya había sido aprobada por el Senado.

La mayor parte del gasto adicional se destinará a financiar un aumento temporal de un plan de transferencia de efectivo existente para las familias más pobres, que recibirán un promedio de unos 600 reales (US$ 110) al mes, un aumento en comparación con los 400 reales actualmente.

La generosidad pone de manifiesto cómo el aumento del costo de la vida está en primera línea de las preocupaciones de los votantes, cuando faltan poco menos de tres meses para que los brasileños elijan a su próximo presidente.

Entre otros elementos del paquete de ayuda se encuentran los subsidios al combustible para camioneros y taxistas, así como una mayor ayuda para la compra de gas de cocina para los hogares más desfavorecidos. Todas las medidas son válidas hasta finales de año.

La administración de Bolsonaro ha justificado la iniciativa alegando que los precios de los productos petrolíferos, como la gasolina y el diésel, han alcanzado niveles extraordinarios debido a la guerra de Rusia en Ucrania, avivando una inflación que alcanza los dos dígitos.

Sin embargo, los políticos de la oposición de la mayor democracia de América del Sur han denunciado al líder de extrema derecha por intentar comprar votos, debido a que enfrenta una dura batalla para mantenerse en el poder.

"Es una medida de desesperación para intentar revertir el resultado de estas próximas elecciones", dijo Sâmia Bomfim, diputada federal y líder en la cámara de diputados por el partido Socialismo y Libertad, quien sin embargo votó a favor de la enmienda.

En las encuestas de opinión, Bolsonaro está a la zaga de Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), un expresidente que gobernó durante dos mandatos entre 2003 y 2010.

"Está claro que esto mejora las posibilidades de Bolsonaro", dijo Carlos Melo, politólogo del Insper, una universidad de São Paulo, sobre las dádivas financieras. "Sólo el tiempo dirá si las mejora lo suficiente".

Invocar el estado de emergencia le da a la administración licencia para ignorar una norma constitucional que limita el crecimiento del presupuesto a la tasa de inflación.

El ministro de finanzas, Paulo Guedes, dijo el martes ante una comisión del Senado que la legislación era un "ejercicio de responsabilidad fiscal", dado que un conjunto anterior de propuestas habría costado tres veces más.

Otro funcionario del Gobierno le dijo al Financial Times que las medidas eran fiscalmente "neutras", ya que los costos se cubrirían con ingresos extraordinarios, como los dividendos superiores a los previstos de la empresa petrolera estatal, Petrobras.

Entre los inversionistas, sin embargo, la perspectiva de un aumento del gasto ha renovado las preocupaciones sobre el compromiso de Bolsonaro con la disciplina en las finanzas públicas.

Davi Lelis, socio de Valor Investimentos, dijo que la percepción del deterioro de las cuentas públicas puede pesar aún más sobre el real brasileño, que ha caído ante el dólar en las últimas semanas.

"Como el dólar es más caro, tenemos un aumento de la inflación. Con una mayor inflación, tendremos tasas de interés más altas", añadió. El banco central de Brasil ha subido su tasa de interés de referencia por encima del 13% con la intención de frenar la subida de los precios.