Análisis FT: Los jueces entran en escena en la amarga lucha electoral de Brasil

Por Michael Pooler y Carolina Ingizza
São Paulo

Luchando por mantenerse en el poder en una elección que se ha convertido en trucos sucios, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha vuelto a apuntar a los árbitros.

“Por parte de algunos miembros del poder judicial hay interés en un candidato”, dijo la semana pasada, sugiriendo un sesgo a favor de su rival de izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la recta final antes de una segunda vuelta electoral entre los dos hombres el 30 de octubre, una serie de fallos ha llevado a los principales jueces del país al centro de una contienda muy tensa.

El máximo tribunal electoral de Brasil ha intensificado su represión contra la desinformación, obligando a ambos campos, así como a los medios de comunicación, a dejar de emitir acusaciones que van desde el satanismo hasta la pedofilia.

Junto con una sucesión de decisiones de la Corte Suprema que han ido en contra de Bolsonaro o sus seguidores desde que asumió el cargo en 2019, ha subrayado el creciente papel político que desempeñan los más altos órganos de justicia del país.

Sin embargo, hay advertencias de que las intervenciones corren el riesgo de dañar la credibilidad de las instituciones en un momento de polarización en la democracia más grande de América Latina.

“El sistema judicial ha sido politizado de una manera que ha comprometido su legitimidad”, dijo Filipe Campante, profesor de la Universidad Johns Hopkins.

“Bolsonaro ha llevado a la corte suprema a la arena política”, agregó. “Y la corte suprema le ha hecho el juego al actuar de maneras que eran cuestionables”.

El populista de extrema derecha se ha enfrentado regularmente con la Corte Suprema, denominada localmente por la abreviatura STF, acusándola de frustrar la política del gobierno.

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Entre sus decisiones más polémicas estuvo la anulación el año pasado de las condenas por corrupción contra Lula, que allanaron el camino para su candidatura.

Paralelamente, el tribunal electoral, conocido como TSE e incluye a tres jueces del STF entre sus siete jueces, ha rechazado enérgicamente las afirmaciones sin fundamento de Bolsonaro de que las máquinas de votación electrónica de Brasil son vulnerables al fraude. Los opositores ven los reclamos como un pretexto para rechazar una posible derrota electoral.

Los partidarios de las posiciones firmes de los tribunales dicen que están justificadas para frenar las tendencias agresivas del presidente y proteger la democracia de una ola de información errónea.

“Hemos estado en un proceso hacia el autoritarismo, que no se concretó porque hubo resistencia, en parte, del poder judicial”, dijo Eloísa Machado, profesora de derecho constitucional de la Fundación Getúlio Vargas.

Uno de los enfrentamientos de más alto perfil entre un político y el STF estalló en violencia el domingo cuando, según la policía, un exdiputado y aliado de Bolsonaro disparó y arrojó una granada a los agentes enviados por el tribunal para llevarlo a prisión, dejando dos oficiales heridos.

Se descubrió que Roberto Jefferson, quien fue detenido el año pasado como parte de una investigación sobre “milicias digitales antidemocráticas”, violó los términos de su arresto domiciliario al utilizar las redes sociales para comparar a una jueza del STF con una prostituta. Bolsonaro lo denunció el domingo como un “criminal”.

Influencia política 

El perfil descomunal del STF en la vida pública brasileña se debe en parte al diseño. Sus 11 jueces, por lo general pero no siempre jueces o fiscales de carrera, son nominados por el presidente en funciones, sujetos a la aprobación del Senado y sirven hasta los 75 años.

Con jurisdicción sobre cuestiones de constitucionalidad, también es un tribunal de última instancia y conoce de acciones contra políticos, como el presidente y los parlamentarios. Este amplio mandato contribuye a una gran cantidad de casos, con casi 100.000 decisiones el año pasado, que eclipsa a sus contrapartes estadounidenses.

A diferencia de la Corte Suprema estadounidense, las simpatías ideológicas de los jueces del STF están menos definidas en Brasil , según Campante.

“Es más como si se comportaran como otros políticos. . . (con) decisiones a menudo informadas por sus propios intereses políticos y el entorno político más amplio”, agregó.

Pero los detractores, especialmente los votantes de Bolsonaro, acusan a los dos tribunales de sobrepasar los límites e incluso cometer abusos contra la libertad de expresión.

Citan una medida reciente del TSE que ordena a YouTube suspender la “monetización” de cuatro canales pro-Bolsonaro por publicar información falsa contra Lula.

También obligó a los dos candidatos a ventilar las refutaciones de su oponente en anuncios de televisión, aunque el mayor número concedido a Lula le dará más tiempo al aire en la última semana de campaña.

Las decisiones del organismo electoral se produjeron en respuesta a una avalancha de peticiones de ambas partes alegando juego sucio.

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Pero la inquietud por su alcance aumentó la semana pasada después de que el tribunal se otorgara nuevos poderes para ordenar a los sitios de redes sociales que eliminen dentro de dos horas el contenido en línea que ya consideró falso.

El titular del TSE, el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, dijo que las denuncias por desinformación se multiplicaron por 17 en comparación con las últimas elecciones.

Uziel Santana, de una asociación de abogados evangélicos, argumentó que las acciones recientes del organismo electoral “dañan gravemente el estado democrático de derecho” y potencialmente acumulan problemas para la boleta electoral.

“La libertad de prensa está bajo ataque”, dijo. “El TSE está desequilibrando el juego político y eso puede ser utilizado, después, por cualquiera de las campañas, para reclamar la injerencia del Estado fuera de los límites constitucionales”.

Carlos Melo, politólogo de la Universidad Insper de São Paulo, cree que si Bolsonaro pierde, podría culpar de la derrota a una supuesta “manipulación de la justicia electoral”.

“Esa es la estrategia y la narrativa”, dijo.

El TSE declinó hacer comentarios.

La ira de los partidarios del presidente ya se había avivado por una serie de controvertidas decisiones de la corte suprema.

Uno involucró a un legislador de derecha sentenciado a nueve años en abril después de publicar amenazas en línea contra los jueces del STF, incluido Moraes, a quien Bolsonaro ha criticado. Más tarde recibió un indulto presidencial.

Luego, en agosto, un grupo de empresarios bolsonaristas allanaron sus casas y congelaron temporalmente sus cuentas bancarias, luego de informes de prensa de un grupo privado de WhatsApp donde uno sugirió que preferiría un golpe de Estado a una victoria de Lula.

En su momento, Moraes justificó la orden alegando que existía la posibilidad de financiar “actos antidemocráticos”. Se negó a comentar para este artículo.

El juez de la Corte Suprema Dias Toffoli defendió las medidas como “lamentablemente necesarias”, pero rechazó los cargos de activismo judicial contra el STF.

“Nunca se puede ir demasiado lejos para defender la constitución y la democracia”, dijo al Financial Times. “Nuestro trabajo se basa en la defensa del Estado de derecho. . . es la función de frenos y contrapesos”.

En lugar de una politización del poder judicial, argumentó que de hecho había una “judicialización” de la política, debido a que los representantes electos a menudo llevaban las disputas al STF.

Lo que se viene

Gane quien gane las elecciones, parece poco probable que la atención política en la Corte Suprema de Brasil se desvanezca, sobre todo porque el próximo presidente tendrá que reemplazar a dos jueces que se jubilan en 2023.

Bolsonaro se retractó de una propuesta reciente para ampliar el número de escaños, luego de que desató protestas por la aglomeración de tribunales y las comparaciones con regímenes autoritarios.

Aun así, la elección de varios aliados de alto rango de Bolsonaro al Senado ha planteado la posibilidad de que la cámara alta busque destituir a los jueces del STF, lo que nunca ha ocurrido con éxito desde la constitución de 1988, según los expertos.

“Hay un atractivo electoral en la hostilidad y los ataques abiertos a la corte, y eso definitivamente no es bueno”, dijo Rafael Mafei, profesor de la Universidad de São Paulo.