Argentina pedirá a corte de apelaciones de EEUU que anule fallo sobre YPF de US$ 16.100 millones

Un tribunal de apelaciones estadounidense estudiará este miércoles si Argentina debe pagar a los inversionistas US$ 16.100 millones tras hacerse con el control de la petrolera estatal YPF hace más de una década.

La Corte de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, revisará la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza de distrito Loretta Preska en favor de dos accionistas minoritarios de YPF.

Burford Capital ha financiado gran parte del litigio y podría recibir miles de millones de dólares si los inversores ganan. Es probable que Argentina apele una derrota ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El resultado es importante para Argentina y su Presidente, Javier Milei, cuyo partido obtuvo una victoria decisiva en las elecciones legislativas de mitad de mandato del domingo.

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Argentina había advertido que una sentencia importante podría paralizar su economía, sobrecargada desde hace tiempo por la deuda y una inflación de tres dígitos.

Milei, un libertario del libre mercado, ha recortado drásticamente el gasto y los empleos públicos desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2023, al tiempo que ha reducido la inflación mensual al 2,1% y ha dado a Argentina su primer superávit presupuestario en 14 años.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a Milei un posible rescate de US$ 40.000 millones, que incluye un canje de divisas de US$ 20.000 millones y un mecanismo de inversión en deuda de US$ 20.000 millones.

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Accionistas de YPF impugnaron expropiacion de 2012 

El recurso se refiere a la decisión de Argentina en 2012 de expropiar el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol por unos US$ 5.000 millones, sin hacer una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management.

La entonces Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que YPF, privatizada en 1993, debía volver a nacionalizarse porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.

Petersen y Eton Park, segundo y tercer inversores de YPF respectivamente, alegaron que las acciones de Argentina les habían causado daños por valor de miles de millones de dólares.

Nuevo CEO de Femsa prepara plan para OXXO con inversiones de más de US$ 1.000 millones en MéxicoPreska consideró que Argentina había incumplido sus obligaciones y le ordenó pagar US$ 14.390 millones da Petersen y US$ 1.710 millones a Eton Park. Esas sumas reflejaban US$ 8.430 millones de daños y perjuicios, más US$ 7.670 millones de intereses de demora a una tasa del 8%.

En su apelación, Argentina dijo que el caso no correspondía a un tribunal estadounidense, que no había renunciado a su inmunidad soberana y que las indemnizaciones estaban exageradamente infladas, ya que US$ 16.100 millones representaban el 45% de su presupuesto global para 2024.

Argentina también dijo que Preska aplicó erróneamente la legislación argentina, y que los principios de cortesía internacional, o el respeto que los países se conceden mutuamente limitando el alcance de sus leyes, justificaban una desestimación.

Petersen y Eton Park rebatieron que el flagrante incumplimiento del contrato por parte de Argentina podía abordarse en Estados Unidos, y acusaron a Argentina de años de retrasos para evitar las consecuencias.

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Argentina apela por separado la orden de restitución de YPF

La corte de apelaciones suele tardar al menos unos meses en pronunciarse sobre casos complejos.

Argentina también ha recurrido la orden dictada por Preska el 30 de junio por la que se le ordenaba entregar las acciones de YPF para satisfacer parcialmente la sentencia de US$ 16.100 millones de dólares.

En agosto, el 2º Circuito dejó en suspenso esa orden para permitir a Argentina apelar.

El Gobierno estadounidense no se ha pronunciado sobre la apelación del miércoles.

Se ha opuesto a exigir a Argentina que entregue sus acciones de YPF, alegando que podría interferir en la política exterior y exponer a Estados Unidos a un trato similar en los tribunales de otros países.

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