Denuncias por minería ilegal en Perú se triplicaron en los últimos cinco años: ¿cuáles son las regiones críticas?

La minería ilegal se ha posicionado como uno de los principales desafíos en materia económica y social de Perú. Su creciente avance se evidencia también en el aumento de las denuncias, proliferación de actividades conexas y operaciones financieras sospechosas, lo que devela la fragilidad de los mecanismos de fiscalización del Estado.

La mayor incidencia de la minería ilegal a nivel regional se puede identificar en zonas específicas, a través de los registros de denuncias del Ministerio Público por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas, disponibles desde 2020.

Entre 2020 y 2024, estas se triplicaron, pasando de alrededor de 800 a más de 2.500 a nivel nacional.

El aumento es crítico en tres regiones: Madre de Dios, La Libertad y Puno, donde las denuncias crecieron en más de 350, 250 y 120, respectivamente.

Esta tendencia alcista se mantiene en los primeros siete meses para dichas regiones, con énfasis en algunos distritos: en Pataz (La Libertad), las denuncias por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas se multiplicaron por 36 desde 2020 (de tres a 109); en Inambari (Madre de Dios), los casos se triplicaron (de 34 a 106); y en Ananea (Puno), pese a que no se registraron denuncias en el 2020, a julio último ya se acumularon 38.

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Frente a este avance, no es de extrañar el aumento en el número de exportadores mineros. Entre 2019 y julio pasado, este número casi se triplicó. Destaca el caso de Puno, donde pasaron de 91 a más de 1.000. Así, la participación de esta región del total de exportadoras mineras se incrementó de 18% a 73% en ese periodo.

Otras variables preocupan también en esa región: el ratio de estaciones de servicio por cada 10 mil habitantes es tres veces el promedio nacional, 30% mayor que en Cusco y 50% mayor que en Apurímac y Ayacucho.

Ello evidencia un consumo de combustible atípicamente alto que se vincularía a una creciente actividad minera ilegal.

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