Experto advierte que los operadores antimineros de Perú han migrado a la minería ilegal

En diciembre de 2022, cuando llegó la Presidenta Dina Boluarte al palacio de Gobierno de Perú, las protestas presentaron su punto más álgido en el país. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas movilizaciones, específicamente en el sector minero, han perdido impulso.

De acuerdo con el especialista en Gestión Social, Fernando Castillo, lo que explica esta situación es que "los operadores antimineros se han volcado a la minería ilegal".

Así lo reconoció ante el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), instancia en la que además señaló que "2025 podría ser un año más complicado debido al crecimiento de la actividad ilegal y la fragilidad del gobierno ante un cambio de mandato".

“Históricamente la problemática de la minería en el país tenía dos grandes problemas: la tramitología y la conflictividad social. Hoy la conflictividad social está bastante disminuida, focalizada en casos específicos como Tía María, Río Blanco, Conga y otros. Pero no hay una conflictividad social clara. No hemos tenido conflictos sociales fuertes entre 2022 y 2023 por una razón sencilla: los operadores antimineros han migrado a la minería ilegal”, aseveró el especialista.

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Junto con esto, enfatizó que "quizás el año 2025 sea peor por dos razones simples: el precio de los minerales se sigue yendo hacia arriba y, segundo, es que conforme se acerca un cambio de mandato el Gobierno es mucho más frágil". 

Para el experto, lo único que ha hecho el Congreso ahora es trasladar las protestas de la avenida Abancay a San Borja (sede del ministerio de Energía y Minas), es por esto que se requiere de una decisión política firme para combatir la ilegalidad y fortalecer el marco normativo del sector minero para garantizar que Perú no pierda su competitividad frente a países vecinos.