Abogados de Chambers and Partners y The Legal 500 evalúan a autoridades de libre competencia en Chile, Perú, Colombia y Ecuador

Las autoridades de libre competencia en el mundo juegan un papel clave en el correcto funcionamiento de los mercados, pues su tarea principal es precisamente resguardar el equilibrio entre todos los actores y evitar, entre otras cosas, el abuso de posición dominante. 

Considerando lo anterior, el Centro de Competencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile (CeCo) -que está presente en Perú, Colombia y Ecuador a través de alianzas estratégicas- encargó a la consultora Deloitte un estudio para medir las fortalezas y debilidades de las autoridades en los cuatro mercados. 

En la investigación, participaron 126 abogados especializados en libre competencia y antimonopolio reconocidos en los rankings de Chambers and Partners y The Legal 500 de 2022.

En ella se midieron factores como la disuasión, independencia, celeridad, predictibilidad, profundidad de análisis, confidencialidad y deferencia, con base a una escala del 1 al 7 donde el puntaje 4, o superior,  puede ser considerado como un buen resultado o “aprobatorio”, mientras que aquellos bajo ese umbral corresponden a aspectos que podrían ser mejorados.

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Los mejores puntajes

La medición concluyó que la dimensión de disuasión general de las instituciones de libre competencia en  los cuatro mercados es “buena”. Chile obtuvo 5,4 puntos y Perú 5,3 quedando con la mejor valoración, mientras que Colombia quedó con 4,5 y Ecuador con 4,3. 

Lo mismo se observó en el grado de protección de la información aportada en los procedimientos y en la evaluación del control de operaciones de concentración. 

Allí, se preguntó sobre el nivel de pertinencia de la información solicitada por la autoridad y el nivel de transparencia, y solo Ecuador obtuvo una calificación negativa (3,7). 

En contraste, Perú obtuvo el mayor nivel de transparencia con un puntaje de (5,57). Un poco más atrás se ubican Chile (5,25) y Colombia (4,6). 

En temas de abusos de posición dominante, Perú sería el único país con puntaje aprobatorio (4,1). De todas formas, un aspecto transversalmente bien valorado en las cuatro economías en cuestión, es el compliance y la profundidad de los programas de cumplimiento. 

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Los desafíos pendientes

Aunque en líneas generales la valoración de las autoridades de libre competencia es positiva, el estudio hace hincapié en una serie de desafíos pendientes según las calificaciones obtenidas. 

Uno de ellos es la independencia de las autoridades y la predictibilidad en las decisiones, pues aunque los promedios generales son buenos -de acuerdo a los estándares de calificación-, si se desagregan los resultados, persisten espacios de mejora. 

En el caso de Chile, tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) se encuentran bien valorados, siendo la Corte Suprema la que, a juicio de los consultados, presenta más deficiencias. 

Felipe Irarrázabal, director del CeCo, explicó a DFSUD que la percepción sobre el trabajo del máximo tribunal se ha deteriorado respecto de ediciones anteriores en factores como profundidad de sus conocimientos en temas de competencia, previsibilidad, y utilización correcta de las fuentes del derecho comparado. 

Sobre este punto, Irrarázabal no ve una mejora en la percepción, al menos en el corto plazo. 

En el caso de Perú -en línea con Chile- la valoración general de las autoridades se encuentra holgadamente por sobre el puntaje mínimo requerido, salvo el Poder Judicial cuya nota fue de 4,35. 

“No solo tenemos buenos restaurantes. Algo debemos haber hecho bien en esta materia. El resultado es producto de una mezcla de diseño institucional, personas y una cuota de ‘buena suerte’”, dijo a este medio Alejandro Falla, socio de Bullard Falla Ezcurra y miembro del CeCo en esa nación.

Pero la encuesta también revela una de las debilidades más importantes del diseño institucional. Y es que, dijo el abogado, su performance depende en gran medida del equipo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia -un organismo con funciones similares a la FNE- y “cuya posición más importante de esta dirección se encuentra vacante”, dijo.

“Los procesos de designación no son transparentes y quedan expuestos a interferencias de intereses de todo tipo. Existe actualmente mucha incertidumbre respecto a los resultados de esta designación y el impacto que pueda tener”, añadió. 

En tanto, Colombia y Ecuador aparecen con resultados menos homogéneos en cuanto a su independencia. En el caso del país cafetero, la institución mejor evaluada es la Corte Suprema, Sala Civil (5,7), pero en contraste, las peores calificadas son la Superintendencia de la Industria y Comercio (SIC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).  

En el país andino, en tanto, es la Comisión de Resolución de Primera Instancia, la peor evaluada, con nota negativa (3,83) aunque se le reconoce la celeridad en la respuesta (4,5), categoría, en la que la Corte Suprema queda al debe (3,14). 

Respecto de lo que debe mejorar, un desafío sería la capacidad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para detectar la existencia de carteles (2,7), y la claridad y predictibilidad de las reglas de la delación compensada (2,6). 

Esto último contrasta, por cierto, con lo visto en Chile y Perú, donde tanto la predictibilidad como su nivel de disuasión serían un punto fuerte.

La mirada de Liliana Espinosa, la primera abogada peruana especialista en fusiones y adquisiciones destacada en lo más alto de Chambers and Partners