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La crisis no cede: otra constructora chilena pide su quiebra y ya suman cinco empresas en lo que va de 2023

La compañía Ingeniería y Construcción Olivares y Utjes SpA intentó concretar una reorganización concursal (“con el fin de salvar la operación y conservar los puestos de trabajo”, dijo), lo que se desvaneció al enterarse que varios acreedores no apoyarían la propuesta de pago que estaba elaborando.

Por M. Gabriela Arteaga y J. Troncoso, DF / Foto: Reuters I Publicado: Martes 14 de marzo de 2023 I 08:30
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Una nueva y reconocida constructora chilena se sumó este lunes a la larga lista de empresas del rubro que están pidiendo su liquidación voluntaria, en medio de la severa crisis que afecta a la industria, según reportó Diario Financiero.

En esta oportunidad, se trata de la compañía Ingeniería y Construcción Olivares y Utjes SpA, ligada a los empresarios Claudio Olivares y Gonzalo Utjes, y con ella se cuentan cinco compañías del sector que han hecho lo propio en lo que va de 2023.

Cuatro de ellas se reportaron en el mes de enero y a inicios de marzo se conoció que la Justicia local dio curso a una demanda que solicitó la liquidación forzosa de la Constructora Alturas del Sur (Casur), una línea de negocio ligada a la familia Senerman y que no forma parte del proceso de reorganización judicial del grupo Sencorp aprobado en enero.

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Complejo enero

La Constructora M3 S.A. -representada por Jaime Ríos Vermehren y que levantó una serie de exclusivos edificios y condominios en el sector oriente de Santiago y en la Región de Valparaíso- abrió el año al pedir su quiebra atribuyendo el impacto de la crisis social de 2019 y la pandemia.

La compañía –patrocinada por Nelson Contador, Abogados & Consultores- detalló que sus pasivos superan los 10 mil millones de pesos chilenos (US$ 12,4 millones), y entre sus acreedores figuran bancos y decenas de pequeños y medianos proveedores.

Catorce días después se sumó la Constructora Proyekta, con deudas por sobre los 26 mil millones de pesos y cuyos tres mayores acreedores son los bancos Bice y De Chile, además de la aseguradora Cesce Chile.

El 23 de enero siguió sus pasos la empresa Las Magdalenas -de Gonzalo Peña y Lillo, y considerada una de las mayores constructoras de Concepción, una ciudad al suroeste de Santiago, en el centro de Chile.

La compañía había intentado refinanciar sus deudas para evitar la quiebra, pero no logró la venia de tres bancos. Así, la justicia decretó la liquidación de la compañía.

Los pasivos de la firma superaban los 17 mil millones de pesos chilenos y los principales acreedores son los bancos Itaú, Scotiabank, BCI y Security. 

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La más reciente

El caso de la compañía Ingeniería y Construcción Olivares y Utjes SpA, cuyos pasivos superan los US$ 60 millones, es tan solo uno de los tantos que se han registrado en los últimos años producto de la crisis social y de la pandemia, a lo que se ha sumado el alza de los costos de materiales de la construcción, elevadas tasas de interés, limitado acceso a capital y una inflación que aún no cede.

Son factores compartidos en distintos países de la región y que, en el caso de Chile, ha demorado la reactivación de la industria. Según GPS Property, sólo se ha visto una recuperación en el segmento de las oficinas y del retail, a partir de la explosión de dark stores.

La compañía apuntó a la falta de financiamiento, precisamente, por la pandemia. “Con más de 10 años de historia y experiencia en el rubro, enfrenta desde el segundo semestre del año 2022 una situación de déficit de caja que se ha acrecentado en el transcurso de los últimos meses, lo que ha afectado el ordinario desarrollo de sus actividades comerciales, principalmente derivada de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19, que ha provocado grandes repercusiones a las actividades económicas del país”, dijo el abogado de la compañía, Rafael Sotomayor, en su escrito presentado a la justicia.

Precisó que la pandemia trajo como consecuencia suspensiones de faenas que debieron retomarse después de transcurridos largos periodos, con la siguiente interrupción de la percepción de flujos en sus estados de pagos, así como la prolongación de los plazos de ejecución de las obras en curso, mientras a la par se mantenían elevados gastos generales asociados a cada una de ellas.

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