Reforma a la salud en Colombia: una disputa que tiene a la OMS asesorando al país

Aún no se conoce el texto final, pero la reforma a la Salud de Colombia ya ha generado fuertes debates en el país cafetero. Durante las próximas semanas -y antes de que termine febrero- el gobierno de Colombia presentará al Congreso el proyecto que ha enfrentado al Ejecutivo con la oposición y que tiene a la OMS asesorando a Gustavo Petro para sacar adelante la propuesta.

La oposición y organismos de la salud han cuestionado las declaraciones de la ministra sectorial, Carolina Corcho, quien ha elevado la bandera de que el Estado debe manejar los recursos.

Ante esto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Paula Acosta, detalló en Caracol Radio que se tiene que “repensar” la reforma ya que se desconoce el impacto final que habrá en los pacientes.

En este escenario, un organismo más neutral como es la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió hacerse parte y asesorar al Ministerio en el proceso con miras a construir un “poderoso” sistema de salud primaria y preventiva, según detalló Petro.

Tres pilares 

La última encuesta realizada por Invamer y la Andi, reveló que el 67% de los colombianos cree que el sistema de salud no debe reformarse. Ante esto, el Gobierno ha salido a socializar su reforma, siendo la ministra Corcho su principal defensora desde la Cumbre del Valle del Cauca por la Reforma Estructural al Sistema de Salud. En esta instancia, apuntó que existen tres pilares que sostendrán la reforma. 

Uno de ellos es el manejo público de los recursos públicos, ya que “la salud siempre ha sido financiada por los colombianos, con los aportes de los trabajadores en las cotizaciones mensualmente″. Por ende, aseguró que estos fondos deben ser manejados directamente por el sector público (por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y así, evitar la intervención de terceros en el proceso.

El segundo pilar tiene relación con la participación social, para lo cual se propone acelerar la creación del Consejo Nacional de Salud, cuyo objetivo es discutir la creación de políticas públicas y acompañar al gobierno en la toma de decisiones. 

De este modo, “participarán tanto los trabajadores, médicos, el sector empresarial, los indígenas, los afrocolombianos, para que el sistema recupere legitimidad, porque no puede alejarse de la gente, para que haya un control anticorrupción de todo lo que hagan los funcionarios públicos, no manejaría dinero, pero sí podría llamar a los funcionarios que están enfrente del sistema”, reveló.

El tercer punto se relaciona con la atención primaria de salud, ya que “no todos los colombianos tienen acceso al sistema” y es lo que persigue la modificación de la norma.

Críticas de la industria

Las declaraciones de la ministra fueron refutadas por la Acemi que, en un comunicado, consideró que “estos señalamientos no aportan a un debate informado sobre nuestro Sistema de Salud”.

Junto con esto, detalló algunas funciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a la industria, enumerando que “con recursos limitados, hacen uso eficiente de estos para que todos los colombianos estén cubiertos en salud, independientemente del tratamiento que se necesite. Además gestionan el riesgo, por eso son aseguradoras”, apuntaron.

Añadieron que “estudian qué riesgos en salud hay y contratan los servicios apropiados para el tratamiento; como no existe un hospital que tenga todos los servicios, las EPS coordinan la red para que haya disponibilidad y puedan trasladar y/o atender a cada colombiano; se aseguran de que el prestador de salud, es decir, la IPS, esté brindando la atención y el tratamiento que el paciente necesita para su condición de salud y no otro; además, vigilan y auditan que los hospitales y clínicas atiendan con los estándares de calidad que exigen las guías de manejo definidas por el Ministerio de Salud”.

Finalmente, reafirmaron que las EPS “hacen mucho por los colombianos”, por lo cual, advirtieron que la salud de sus compatriotas depende del “diálogo constructivo” que exista con el Gobierno.

Acosta, señaló a El Tiempo que los anuncios realizados por el Ejecutivo colombiano “indican la intención de transformar las EPS en IPS. Lo cual es una forma de decir que no participarán como aseguradoras dentro del sistema de salud”, por lo cual, consideró que “habría una eliminación de los aseguradores privados, públicos y mixtos dentro del sistema de salud”.

En ese sentido, insistió que la ministra ha simplificado la función de las EPS a una labor que no es la que hacen. “Los que facturan son los prestadores, son las IPS, y parte de las labores administrativas que hacen las EPS es revisar esas facturas para que en efecto esos servicios sean prestados, oportunos y pertinentes”, aclaró.

Desde la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), fueron más precisos y argumentaron que “la reforma es necesaria, pero arrasar todo el sistema de la noche a la mañana es peligroso".

Su directora, Eugenia Dávila, explicó a Canal1 que “un monopolio estatal público no es la mejor alternativa para los habitantes del país. Sin duda ese borrón y cuenta nueva puede tener unos costos muy muy elevados para el Estado y la población".

Junto con esto, apuntó que “alguien tiene que organizar las cosas y en este caso son las EPS. Creemos que eso ya es un terreno ganado, que lo saben hacer y han invertido recursos, por lo tanto, no vemos necesidad de arrasar con esa experiencia”.

Críticas políticas

En medio de estas discusiones, desde el Congreso colombiano diversos representantes se mostraron preocupados por las nuevas facultades que tendría Petro con la reforma, lo cual “arrasaría con el sistema de Salud”. 

La senadora Norma Hurtado, señaló que los poderes que tendría el Gobierno deben ser examinados con sumo cuidado, ya que “la propuesta es que los trabajadores de la salud misionales se incorporen a las plantas de personal de las diferentes entidades de salud, tiene un costo importante para las ESE, para los hospitales públicos y la eliminación de la orden de prestación de servicios”.

Junto con esto, desde el Partido Liberal, su expresidente César Gaviria, afirmó que “no permitirán que arrasen el sistema (…) no se puede devolver el control de la salud a los entes gubernamentales”.

Al mismo tiempo, explicó que “peligra la continuación y consolidación de grandes avances sociales en salud y en la garantía de un derecho constitucional fundamental”.

Cabe señalar que para el próximo 15 de febrero se programó una marcha en contra del Gobierno por la reforma a la Salud, Pensiones y Laboral, que tiene el apoyo de los taxistas y diversos empresarios de industrias como el hidrocarburo o de la salud, gremios que se han visto afectados por los avances que ha realizado el Gobierno en sus primeros seis meses de mandato.