México avanza en nacionalización del litio e industria levanta primeras preocupaciones

Con una oposición ausente, varias bancadas parlamentarias en la Cámara de Diputados de México dieron su aval a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Minera, remitida pocas horas antes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la cual busca nacionalizar el litio.

En fast track, y con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones de los legisladores del PAN, PRI y PRD, el Pleno de San Lázaro aprobó las modificaciones a la ley que, entre otras cosas, tiene por objeto establecer que el litio es patrimonio de la Nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado. El dictamen fue enviado ayer mismo al Senado de la República para su análisis.

La iniciativa fue aprobada en menos de cuatro horas pese la inconformidad de los legisladores del PAN, PRI y PRD que conforman la coalición Va por México, y quienes en protesta optaron por abandonar el salón de plenos.

El proyecto propone crear un organismo público descentralizado para regular la exploración, explotación y aprovechamiento de litio.

Voces en contra

Sin embargo, el proyecto generó rechazo en la industria. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) asegura que es ambigua y pegará aún más a la incertidumbre y preocupación de los inversionistas por considerar “otros minerales para la transición energética”.

“Lo que preocupa (de la iniciativa de la Ley Minera) es que habla de litio y otros minerales estratégicos (para la transición energética), no define cuáles son y eso es preocupante para el sector minero, porque pueden declarar otros minerales sin ninguna razón”, aseguró el expresidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Fernando Alanís Ortega.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) advirtió que la reforma violaría compromisos de México en tratados internacionales. Argumentó que no se pueden reservar, en este caso, minerales para la exclusiva exploración y explotación por parte del Estado, sin haber hecho la referida reserva en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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