Tradicional empresa colombiana Coltejer despide a sus últimos trabajadores e inicia proceso de venta de activos

La colombiana Coltejer, la fábrica textil más antigua de Latinoamérica, fundada en 1907, arrastra hace años una dolorosa crisis, que se vio agravada por la pandemia.

La compañía, que en 2008 fue adquirida por inversionistas mexicanos, registró pérdidas por 120 mil millones de pesos colombianos (cerca de US$ 25 millones al tipo de cambio actual) en 2021, y desde entonces sus operaciones se mantenían parcialmente paralizadas, concentrando su actividad en las líneas más sostenibles.

Ese mismo año inició un proceso de recorte de personal, pero el Ministerio del Trabajo se opuso a un proceso de despidos colectivos, lo que obligó a Coltejer a una larga y compleja negociación con los sindicatos.

Finalmente, tras una larga agonía, la tradicional empresa acaba de anunciar el fin unilateral de todos los contratos vigentes y el inicio de un proceso de venta de activos, incluyendo inmuebles, bodegas y terrenos. Aun así, todavía se resiste a iniciar un proceso de liquidación.
"La venta y arriendo de los inmuebles ubicados en el municipio de Itagüí (Antioquia), tienen como única finalidad la obtención de recursos para cumplir con las diferentes obligaciones legales y financieras. Con un panorama económico más tranquilo, la compañía concentrará sus esfuerzos en analizar eventuales opciones de negocio en marcha”, informó a través de un comunicado.

La crisis de Coltejer pone de relieve los difíciles momentos por los que atraviesa la industria de textiles en Latinoamérica, donde la apertura al comercio exterior ha aumentado la competencia con productos importados de Asia, particularmente desde China e India.

Los problemas del sector están generando presiones por medidas de apoyo a las empresas locales, y en Colombia, el gobierno aprobó a fines del año pasado un incremento en los aranceles a la ropa de importada.
En Perú, en tanto, aumentan también los llamados por medidas similares, y los gremios están pidiendo al congreso aprobar una ley que establezca cuotas mínimas para que las grandes cadenas de retail adquieran su mercancía de productores locales.

Aranceles en Colombia

El ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2001, marcó el puntapié inicial para la crisis de la industria, no sólo en Colombia y Perú, sino en diversos países de la región.

Las importaciones de prendas de vestir más económicas que las de producción nacional y la crisis provocada por la pandemia, pusieron en jaque los productores nacionales. Para resolver este escenario, a fines de diciembre, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la publicación de un decreto que aumentó el arancel para la mayoría de las confecciones importadas desde 15% a 40%.

Esta medida aplica sólo para aquellas naciones con las que el país cafetero no tiene un Tratado de Libre Comercio, por lo cual, impacta directamente a las confecciones provenientes de China.

A apenas cuatro meses de haber asumido el cargo, la decisión del presidente de izquierda buscaba dar un impulso a la industria colombiana de confecciones.

Cuotas mínimas

Un panorama similar vive la industria textil peruana, donde los gremios han planteado -a los sucesivos gobiernos- la necesidad de crear medidas de protección a los pequeños operadores frente a las importaciones chinas.

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades han preferido privilegiar su política de apertura comercial, que ha abierto a millones de peruanos el acceso a productos extranjeros a menores precios.

Tampoco durante la administración del ahora depuesto presidente de izquierda, Pedro Castillo, hubo un giro en esta estrategia.
Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME, está liderando los esfuerzos por buscar apoyo al sector. La dirigente confidenció que hace un año se reunió con ejecutivos de la cadena chilena de multitiendas Ripley para plantearles que privilegien la compra de confecciones locales por sobre las extranjeras, gestiones que no prosperaron. Y ahora, dijo, está haciendo lo mismo con representantes de Saga Falabella.
En paralelo, los gremios presentarán al Congreso un proyecto de ley para establecer una cuota mínima de productos nacionales, es decir, para que las cadenas del retail que operan en el país adquieran al menos un 30% de productos de manufactura local.