Las claves de los cambios en la Ley del Etiquetado que tensiona a la industria colombiana

La discusión sobre el etiquetado frontal en alimentos y bebidas lleva años en la agenda pública de Colombia –y de otros países de la región, como Chile, donde ya se aplica- y se ha centrado, esencialmente, en la forma que deben tener las etiquetas: redondas, hexagonales, con dibujos o con textos. 

Las propuestas del Ministerio de Salud de ese país han pasado por cambios y entrado en contradicciones en varias oportunidades, poniendo tensión en las empresas una y otra vez, mientras corre el calendario de implementación. 

No es una medida nueva. Además de Chile, Canadá, Australia, Israel, Perú, México y algunos países de Centroamérica también lo han dispuesto en los artículos a la venta a los consumidores, implicando costos para las compañías que deben ajustar sus empaques.

Según cifras de la propia cartera de Salud de Colombia –encabezada por Fernando Ruiz-, por ejemplo, el gobierno de la nación norteamericana, liderado por Justin Trudeau, contempla unos US$ 38 millones para 10 años. En tanto, Australia la cifra ronda los US$ 21 millones y en Centroamérica los US$ 53 millones.

Para el caso de Colombia, el monto estimado en julio, para un plan de 25 años, es de más de US$ 161 millones, muy por encima de los otros. Ahora, desde este martes, se ha abierto un nuevo proceso de cambio, luego de que la autoridad sanitaria decidiera dar a conocer un nuevo proyecto de resolución que modifica el estándar actual en el que han venido trabajando las empresas y que ya se ve exhibido en algunos artículos en los comercios (ver fotos).

La trama en Colombia

El gobierno –ahora saliente- de Iván Duque publicó el 16 de junio de 2021 el reglamento técnico con los requisitos para los sellos de advertencia de los alimentos y bebidas envasadas o empacadas, determinando entonces que debían ser redondos, de fondo negro y borde blanco, con un elemento gráfico y un texto en mayúsculas para indicar que el producto es alto en azúcares, grasas saturadas, o sal o sodio. 

En ese momento, se fijó un plazo de 18 meses para que las compañías adoptaran la norma. Ese período vence este diciembre y los productos que no lo cumplan deben ser retirados del mercado.

Expertos en derechos de alimentación y nutrición del país y ONGs locales salieron al paso en contra de la propuesta, por considerar que ese modelo genera confusión y no advierte al consumidor.

“Los sellos redondos, establecidos en la Resolución 810, no advierten porque en Colombia son vistos como indicadores positivos, que resaltan propiedades nutritivas de un producto. Estos sellos confunden al consumidor”, señaló la FIAN, una organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. 

En ese sentido, el ministerio contrató a la Universidad de Antioquia para un estudio que les permitiera determinar qué era más efectivo en esta campaña al evaluar tamaños, colores, formas, leyendas y ubicación.

Dicho informe arrojó que la forma octagonal es la más apropiada para capturar la atención y con mayor potencial de maximizar la percepción de insalubridad.

Se determinó, dijo Ruiz junto con el anuncio, que “el etiquetado octogonal, utilizar la palabra ‘exceso’ para definir los nutrientes que se encuentren en cantidades excesivas en los alimentos, especialmente los azucares, grasas saturadas, grasas trans y sodio”, es la forma más efectiva.

La decisión no tiene efecto inmediato, dijo la autoridad, pues ahora deberá pasar por un proceso de consulta pública y comentarios durante dos semanas y, posteriormente, por una consulta internacional en un período de 60 días.

“Se espera, de igual forma, que la nueva norma entre en vigencia en diciembre de este año, tal y como está previsto en el cronograma”, aseveró el ministro. De esta forma, será a inicios de 2023 cuando esté plenamente implementada.

Impacto de la decisión

El pronunciamiento pone en vilo nuevamente a las compañías que están obligadas a dar marcha atrás a lo que, después de un año, llevaron a cabo para cumplir con la ley. Ahora, tendrán que ajustar los empaques a este nuevo formato.

Eso sí, indicaron que “aquellos productos que ya se comercializan o tienen ya listo el uso del sello circular y sus disposiciones (valores, declaraciones), podrán agotar las etiquetas actuales, para lo cual tendrán seis meses a partir de la publicación de la modificación en el Diario Oficial".

Pasado ese periodo, podrán solicitar un agotamiento de inventarios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

De esta forma, según el ministerio, “no se deberían presentar sobrecostos asociados a destrucción de material impreso, tampoco por tener que realizar pruebas de laboratorio”.

Pero la industria no está del todo convencida. Son cerca de 1.600 empresas las que resultan impactadas por la normativa que, además, deberán asumir una reducción estimada del 10% de las ventas; un costo promedio de 5 millones de pesos colombianos (US$ 1.157) para la impresión de nuevas etiquetas, en el caso de las micro y pequeñas empresas; y 15 millones de pesos, para las medianas y grandes.