La transformación de las prestadoras privadas de salud que propone la reforma en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este lunes al Congreso un controvertido proyecto de reforma a la salud con el que, dice, busca prevenir y tratar a tiempo las enfermedades, aumentar la cobertura, subir los salarios de los trabajadores del sector y combatir la corrupción eliminando intermediarios para el pago. En el fondo, busca reestructurar el actual sistema de salud de la nación.

“Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona. Que el territorio se pueda organizar de tal manera que sus gentes, sus habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por equipos de salud profesionales”, señaló el mandatario en el acto.

Y abrió la puerta a uno de los grandes cambios: “Queremos fortalecer un modelo de atención primaria y preventiva”, dijo.

Para ello, se construirán centros específicos para las atenciones que serán considerados territorios en sí mismos, de aproximadamente 20.000 personas”. Dentro de ellos habrá “a una red de hospitales y clínicas público-privadas de consultorios"

Otro punto polémico está relacionado con el presupuesto destinado a la salud, en el que “no habrá una intermediación del recurso público”, sino que será manejado por la Administradora de Recursos de Salud (Adres).

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que el nuevo sistema de salud encarna una fuerte presencia estatal, pese a que también es mixto “porque permite la presencia privada, indudablemente, pero pasa por una planificación que tiene un objetivo central que no es la utilidad y la codicia”.

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Cinco pilares

Por su parte, la ministra de Salud, Carolina Corcho, recalcó que con el proyecto, que comprende 18 capítulos y más de 150 artículos, se pretende reivindicar el derecho fundamental a la salud y señaló que ello se fundamenta en cinco pilares:

1. La administración pública de los recursos de la salud.

2. La consolidación de un sistema primario en salud a través de redes públicas privadas y mixtas que lleguen a todo el país.

3. Un régimen laboral específico para los trabajadores de la salud.

4. La intervención específica sobre determinantes sociales de la salud (agua potable y soberanía alimentaria).

5. La creación de un sistema público y único de información, en el que se incluirán todas las transacciones y actividades para hacerlo más transparente.

¿Y qué pasará con las EPS?

Ahora bien, uno de los conceptos que introduce la reforma es el de la territorialización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que consiste en que ellas concentrarán su operación en ciudades y departamentos donde tengan el mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios, liberándolos así de la dispersión geográfica.

En el detalle, el artículo 147 del proyecto de ley dice que las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios, bajo las reglas y normas de funcionamiento y financiamiento. Los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el sistema. Las EPS que hoy se encuentren en liquidación serán eliminadas y las EPS con estados financieros óptimos acogerán, de manera progresiva y ordenada, a sus pacientes para que no queden sin cobertura.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, no habrá autorización de ingreso al Sistema de Salud de nuevas EPS. En cada hogar, todos sus miembros deberán estar afiliados a una misma EPS. En un territorio donde haya solo una EPS, esta no podrá rechazar el aseguramiento de la población de esa jurisdicción.