Máximo tribunal de Chile pone en jaque a aseguradoras privadas de salud con inédito fallo

En una decisión ansiosamente aguardada por las isapres, que son las empresas privadas que entregan cobertura de gastos de salud en Chile a cerca de tres millones de personas, la Corte Suprema de este país falló ayer a favor de acoger los recursos de protección interpuestos por afiliados en contra de las alzas de los planes base que se habían realizado a inicios de año, con lo cual deja sin efecto este proceso en curso para el período 2022-2023.

En específico, el máximo tribunal acogió 12 recursos de protección presentados en contra de las alzas anuales de planes base de salud de las isapres Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Banmédica y Nueva Más Vida y ordenó detener el incremento de 7,6% aplicado por cada institución.

“El fallo es distinto a lo que hemos estado acostumbrados, sobre todo en materia de alzas de precios base. La Corte Suprema pretende dar una instrucción de carácter general a la Superintendencia de Salud que afectaría a todo el proceso de adecuación de planes. Es un golpe duro para las isapres”, señaló el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández.

La Corte Suprema fundó su dictamen en “el actuar arbitrario de las isapres al comunicar de manera general el alza de los planes a los afiliados sin entregar mayores antecedentes que justifiquen el incremento de estos a cada uno de los afiliados y sin fundamentar su decisión más allá de las razones que dio la Superintendencia de Salud para justificar los incrementos”.

En las sentencias, la Tercera Sala del máximo tribunal dictó una serie de medidas destinadas a comunicar a las isapres, la Superintendencia de Salud y las Cortes de Apelaciones del país las decisiones para resolver casos similares.

Las implicancias del fallo de más de 700 páginas comunicado en la tarde de ayer analizadas intensamente a nivel de las isapres, su gremio y del Gobierno hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, entre los actores involucrados existe coincidencia en que representa un duro golpe para las aseguradoras, ya que dejó a fojas cero el principal proceso de actualización de sus ingresos tras dos años de congelamiento y en medio de la mayor crisis financiera de su historia que está poniendo en riesgo su viabilidad.