Telefónica por subasta 5G en Argentina: “Lo que está sucediendo está fuera de la mejor práctica internacional"

Argentina anunció la licitación de la red 5G e indicó que subastará la banda de 3.300MHz-3.600 MHz en tres bloques de 100 MHz, cada uno con un valor base de unos US$ 350 millones, con miras a recaudar unos US$ 1.050 millones para el Estado.

De llevarse a cabo de forma satisfactoria, Argentina sería el sexto país de la región en tener la quinta generación de telefonía móvil. Sin embargo, la noticia no fue tan bien recibida por los principales operadores: Movistar, Telecom y Claro.

Las compañías emitieron un comunicado conjunto en el que identificaron cuatro obstáculos de la subasta: el precio, los plazos, la asignación de espectro gratuito a la estatal Arsat y el control de precios.

“Lo que está sucediendo en Argentina está fuera de la mejor práctica internacional. Son varios los temas que estamos dialogando con las autoridades; esperamos que se puedan sentar las bases para una mejor licitación y que haya una reconsideración”, dijo a DFSUD Miguel Calderón, director de

Estrategia y Políticas Públicas de Telefónica Hispam, una de las firmas presentes en la nación austral.

A juicio del ejecutivo, “más allá de la situación económica por la que está pasando el país, Argentina tiene todo para poder desplegar redes 5G en un futuro, si los términos y condiciones son los adecuados”. Es decir, si se “privilegia la inversión sobre la recaudación”.

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Plazos y precios

El gobierno de Alberto Fernández fijó un plazo máximo de 60 días para llevar a cabo todo el proceso. 

Técnicamente, el 29 de septiembre empezaría la garantía de ofertas y la subasta caería en los primeros días de noviembre. 

Al respecto Calderón dijo: "¿Por qué la prisa? ¿Por qué sacar una licitación en 60 días que va en contra de todos los tiempos?"

Y explicó que, según la práctica internacional, primero debería llevarse una consulta pública formal, para verse la mejor forma de la licitación y los precios.

Consultado respecto de si considera que el timing va de la mano con el fin de la actual administración, el experto respondió: “Entonces estaríamos tarde. Hay plazos y formas. Normalmente, esto toma cerca de un año mientras se identifican las frecuencias y se hace una consulta pública”, importante por sí sola porque permite a los actores pronunciarse al respecto.

“No hay que sacar una licitación por sacarla”, agregó.

E indicó que el país pudiera estar, por el contrario, potenciando la inversión en la red 4G, que aún tiene potencial de crecimiento, y que permitiría allanar el camino para cuando sea óptimo desplegar la tecnología de quinta generación.

"Si no se construyen las radiobases, no se conectan con fibra óptica, el espectro no sirve para nada. Lo que tenemos que privilegiar, y se ha hecho en diferentes países en América Latina, es la conectividad", indicó. 

Y sumó: "Lo que se le cobra al espectro se le quita a la inversión".

Citó ejemplos de los procesos en Latinoamérica. Aplaudió lo hecho en Colombia, donde las autoridades evaluaron experiencias de otros países y fijaron los precios en un promedio de US$ 100 millones por 100 MHz, que ha sido aplicado también en Uruguay y Brasil.

“¿Por qué sacar una licitación 3,5 veces más alta en una situación compleja como la actual?”, cuestionó.

También recordó lo ocurrido en México, donde se había hablado de hacer una licitación de espectro este año y “se suspendió porque las condiciones no están”.

“El regulador prefirió suspender hasta cambiar el tema del costo del espectro, con el aval del Ministerio de Finanzas”, señaló Calderón.

Aunque no se aventuró a decir si Hispam (Movistar) participará en la subasta con las condiciones actual, sí dijo que con las condiciones como están “va a ser complicado”.

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Arsat y control de precios

Al abordar los otros inconvenientes identificados por las empresas, el ejecutivo de Hispam detalló lo que está ocurriendo con Arsat, una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino a la que se le asignaron 100 MHz en forma gratuita. 

"Hay una concepto que se llama neutralidad competitiva, que la OCDE ha estado empujando; es decir, que el Estado no puede darle condiciones mejores a las empresas estatales que a las privadas, porque generas una distorsión en la competencia", comentó.

Y puso como ejemplo el caso de Uruguay que le dio un espacio la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), la compañía estatal de telecomunicaciones del país, pero lo hizo con un precio promedio que deberá pagar, en línea con lo que deben cancelar los privados.

Por el lado del control de precios, en medio de un contexto económico complejo como el de la nación austral, Calderón calificó la medida como "contraproducente en el mediano plazo, porque no generan inversión y no incentivan la innovación".