¿Privatizar las playas en Brasil?: la polémica propuesta que analiza el Senado sobre la propiedad de zonas costeras

Privatizar las playas en Brasil. Ese podría ser el resultado de una propuesta legal que impulsa el exdiputado federal Arnaldo Jordy (PA) y que cuenta con el apoyo del hijo del exPresidente Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro.

La iniciativa fue aprobada en febrero de 2022 en la Cámara y está desde agosto del año pasado en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. Se volvió a discutir este lunes, con el objetivo de hacer una enmienda a la Constitución que permita transferir la propiedad de la tierra en la costa brasileña a los estados, municipios y al sector privado.

Actualmente, estos terrenos están bajo el control de la Armada y pertenecen a la Unión. Según lo que determina la Carta Magna, se considera "terreno marino" a todas las zonas ubicadas en el borde de la costa del país (hasta 33 metros de la línea de marea media en 1831) o en los bordes de ríos, lagunas e islas, afectados por la marea.

Con la propuesta de Jordy se allana el camino para la privatización del acceso a estas áreas.

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¿Qué se propone?

La propuesta legal sostiene que “los terrenos de la Marina provocan pérdidas a los municipios y a los ciudadanos. Los primeros porque sufren restricciones en el desarrollo de políticas públicas y lo segundos porque pagan impuestos exagerados por las propiedades en las que viven”.

El texto también pone fin al cobro del "laudêmio", un impuesto federal a la propiedad que debe pagarse al propietario del terreno al vender o transferir una propiedad en una zona marina.
Bolsonaro sostiene que la enmienda es necesaria para regularizar las propiedades ubicadas dentro de esas áreas. "En Brasil hay innumerables edificios construidos sin saber que están ubicados en terrenos propiedad de la Unión", apuntó.
Y ha indicado que el origen del actual dominio sobre las playas se estableció bajo la justificación de la necesidad de defender el territorio contra la invasión extranjera, "razones que ya no están presentes".

Por tal razón, a su juicio, la medida busca hacer un mejor catastro de las zonas, los propietarios y los usos de los terrenos, con lo que además se podrá impulsar la generación de empleos.

Hay alrededor de 550.000 terrenos en estas condiciones, de los cuales más de 250.000 están ocupados bajo tres modalidades: el pago del laudêmio (que se cobra por la venta de la propiedad), del forum (0,6% del valor de la propiedad, pagado anualmente por el ocupante) y el impuesto de ocupación (una tasa adicional que pagan quienes tampoco firmaron un contrato de arrendamiento con la Unión).

La propuesta elimina estas tasas y otorga a estos lugares diversos usos, dependiendo de quién los ocupe. Si el área está destinada a la prestación de servicios públicos federales, incluso a través de concesionarias, o tiene unidades ambientales, quedará en poder de la Unión. Si existen servicios públicos estatales o municipales, será cedida al Estado o municipio.

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Las preocupaciones

Por una parte, la propuesta ha generado controversia en relación a las condiciones para transferir la propiedad de los terrenos a privados. Hay quienes apuntan a que se podría favorecer la especulación inmobiliaria en estas localidades, facilitando la construcción de proyectos cercanos a la franja de arena de la costa brasileña que terminarían bloqueando el acceso de la población a la playa.

Si bien hasta ahora eso es ilegal, se teme que con la enmienda termine por incentivarse ese tipo de acciones.

A esto se suma el impacto medioambiental y el riesgo para la biodiversidad de la costa brasileña a partir de las nuevas construcciones, especialmente en medio de la preocupación que generan los efectos del cambio climático. 

Desde el Departamento de Gestión Oceánica y Costera del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) se ha levantado la voz por la ocurrencia cada vez más comun de eventos extremos.

"Nuestra gran preocupación es que la capacidad de trabajar mejor y combatir los efectos del cambio climático en estas zonas, que son tan vulnerables, está saliendo de las manos de la Unión. Nuestra posición es que pueden actualizar y modernizar (las leyes), pero no tiene ningún sentido (promover la) ocupación de estas áreas", dijo

la coordinadora general del organismo, Marinez Scherer, al diario local Valor Económico.

De hecho, propuso ante el Senado, que el debate se centrara en la evacuación de estas zonas, que están expuestas a la erosión, el aumento del nivel del mar y las inundaciones, por ejemplo.