La cruzada de Uber Eats y Rappi contra impuesto al delivery en Ciudad de México

Por el uso y aprovechamiento de calles y avenidas de Ciudad de México, las plataformas de delivery extranjeras deberán pagar el 2% de cada venta a las arcas del gobierno de la capital del país. Así lo definió en diciembre del año pasado el congreso de la ciudad, lo que levantó una ola de críticas de expertos y de las propias empresas.

La misma jefa de Gobierno de esta unidad federal, Claudia Sheinbaum, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el nuevo cobro. “Gracias a las diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios por la aprobación del presupuesto 2022 a favor del bienestar y los derechos de los habitantes de la Ciudad”, dijo tras la aprobación de la reforma al código fiscal que debía iniciarse este 2022.

Así defendió el Ejecutivo local el nuevo cobro: “Los nuevos modelos de negocio digital que actualmente han tenido un incremento en la Ciudad de México, deben contribuir a esta Entidad, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, estableciéndose que con la captación de ingresos por concepto de este nuevo aprovechamiento, se refuerza una política impositiva tendiente a satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes de la Ciudad de México”.

¿Inconstitucionalidad?

Aunque la aplicación de la nueva ley debía partir en enero, aún no se publica en la Gaceta, el diario oficial de publicación de decretos, leyes y reglamentos. Sin embargo, Uber Eats y Rappi se adelantaron y fueron a la justicia.

“Se ha previsto una inconstitucionalidad. Esto tendrá que ser visto por el Poder Judicial, para que diga si esto es algo que puede suceder de la manera en que está redactado, o simplemente fue una desafortunada y mala redacción de un proyecto que no tiene pies ni cabeza”, explica Julio Vega, director general de la Asociación de Internet de México a DF SUD.

En febrero, Rappi recurrió de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y logró congelar el cobro del impuesto hasta el 27 de abril cuando se celebre la audiencia y se presenten las pruebas.

Expertos consultados concuerdan que este tipo de procesos pueden durar varios años hasta que haya una sentencia definitiva.

Cuando se otorgó la suspensión a Rappi, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo al cobro y dijo que lo defenderán. “Sí es muy importante recordar esto: en general estas empresas transnacionales tienen ganancias muy altas que sacan todo del país, entonces por eso se hace este 2% sobre las ganancias, no tiene nada que ver sobre los trabajadores”, indicó en una rueda de prensa.

Por su parte, Uber Eats también acudió a la justicia y en marzo logró la suspensión del cobro del impuesto. “Compartimos la visión del gobierno de la Ciudad de México de tener una ciudad más sostenible que se mueve de una forma más segura, pero creemos que agregar un nuevo impuesto a una industria que ya paga impuestos, no es la solución, especialmente en un momento donde las opciones de entrega accesibles son tan importantes para la economía”, dijeron a DF SUD. 

“Es muy importante aclarar que, si bien Uber Eats tiene una suspensión definitiva con relación a este impuesto en la Ciudad de México, la empresa nunca lo cobró ni trasladó a los socios repartidores que usan su plataforma”, agregaron.

¿Calles mejoradas?

Vega, de la Asociación de Internet de México, agrega que “nunca fuimos convocados a dialogar con las autoridades de la Ciudad de México ni con los congresistas de la Ciudad de México para revisar y poder opinar. Expertos tributaristas, académicos y autoridades han refutado lo expresado por las autoridades. Esto es un impuesto y no tiene otra palabra, como lo han querido indicar”.

Sin embargo, agrega que quisieron saber si este nuevo cobro iba a contribuir con la circulación en la calle. “Esperábamos escuchar algún plan que redituara en el mejoramiento de la circulación; hay que entender en que hay zonas donde los baches en temporadas de lluvia hacen la circulación extremadamente peligrosas, hay zonas donde no hay un adecuado alumbrado público, no hay la vigilancia y seguridad pública que uno esperaría para los repartidores y para los propios clientes”, dice. Pero nada de eso existe, apunta Vega.

Hasta ahora se ha explicado que los principales pagadores de este nuevo cobro serán Uber Eats, Rappi y DiDi, que lideran el mercado de entrega de comida a domicilio, “pero no sabemos si es solo para ellos. Y tampoco sabemos si las autoridades que lleguen luego van a cambiar la interpretación”.

Por lo mismo, adelanta Vega, uno de los impactos que podría tener esta ley, “pueden ir desde empresas que absorban este impuesto nuevo, y en el otro extremo están aquellas que tengan que salir del país, porque ya no las hace competitivas. En ese intermedio hay una gama muy amplia, desde que saquen su inversión en la Ciudad de México y se la lleven a otras partes de la República; esto es muy natural e incluso ya está sucediendo con algunas de las empresas”.

Mientras que para los que aún no arriban a Ciudad de México, este “impuesto” se transforma en una barrera de entrada. “No dudamos que haya empresas con planes de expansión hacia México y que decidan no entrar a Ciudad de México y decidan hacer sus inversiones en otra ciudad”, apunta el representante gremial.