Gobierno de Brasil condiciona eventual rescate al Banco de Brasília

El Gobierno federal de Brasil podría exigir concesiones si se ve obligado a intervenir y rescatar al Banco de Brasília (BRB), el prestamista brasileño en dificultades por sus conexiones con el colapso récord del Banco Master S.A.

Según un funcionario del Gobierno con conocimiento del asunto e informaciones de Bloomberg, un rescate no es el resultado previsto por la administración, y solo se produciría si ve que empieza a aparecer un riesgo sistémico.

En esa línea, funcionarios de la administración del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva están dispuestos a condicionar cualquier ayuda de este tipo a contrapartidas por parte del Gobierno de la capital, que controla el banco.

Una de esas exigencias sería el ajuste de las normas que rigen un fondo que canaliza las transferencias federales hacia la economía regional. Se prevé que ese fondo desembolse este año hasta 30.000 millones de reales brasileños (US$ 5.800 millones) al Gobierno local.

Fernando Haddad, candidato a gobernador de Sao Paulo y exministro de Finanzas, intentó anteriormente sin éxito revisar la fórmula de cuánto se destina al fondo, una propuesta que podría volver a la mesa como parte de cualquier paquete de apoyo al BRB.

El banco está intentando cubrir un agujero dejado en su balance por las transacciones que realizó con el Banco Master, que se hundió en noviembre del años pasado. El BRB considera que la ayuda federal es esencial, dado que los bancos estatales serían necesarios para comprar algunos de los activos del BRB, así como para participar en posibles préstamos, según una persona implicada en las negociaciones.

El BRB convocó el mes pasado una junta extraordinaria de accionistas el 22 de abril para votar una ampliación de capital que le ayude a resolver el problema, y espera que la capitalización esté concluida para el 30 de mayo, según las fuentes.

En esa línea, el banco estaría buscando hasta 8.800 millones de reales brasileños.

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El plan de capital del BRB incluye un préstamo potencial del fondo de seguro de depósitos de Brasil, conocido como FGC, de 4.000 millones de reales brasileños, y un fondo inmobiliario con edificios del Distrito Federal que podría recaudar la misma cantidad. También, estaría sopesando posibles ventas de participaciones accionariales en algunas de sus empresas y de algunas carteras que obtuvo del Banco Master.

Según personas familiarizadas en el asunto, el Ministerio de Finanzas dijo a los bancos federales -Banco do Brasil SA y Caixa Economica Federal- que no se fijaran en el BRB, y que estudiaran la compra de algunas de las carteras del banco con los mismos criterios que lo harían los bancos de propiedad privada,

Caixa analizó la cartera de préstamos de nómina de BRB, que se considera sana y líquida, pero las conversaciones fracasaron después de que el prestamista con sede en Brasilia incumpliera los plazos para enviar documentos, según otra persona implicada en las negociaciones.

El Banco do Brasil no examinó los activos del BRB, dijo una tercera persona con conocimiento en el asunto. El BRB calcula que obtuvo 21.900 millones de reales brasileños en carteras del Banco Master, y alrededor de 15.000 millones de reales brasileños de ellas se consideran de buena calidad, según una de las personas implicadas en las negociaciones.

Dentro del Gobierno, los funcionarios también ven un posible rescate del BRB como políticamente costoso. Ayudar al banco significaría hacer frente a un problema creado bajo los predecesores de Lula y, al mismo tiempo, vincular más estrechamente el escándalo Master con el Gobierno, una dinámica que podría lastrar aún más los índices de aprobación de Lula y afectar a su campaña

La estrategia más amplia del Gobierno ha sido culpar de la crisis de Master a la administración del expPresidente Jair Bolsonaro y a su presidente del banco central, Roberto Campos Neto. Hablando en un evento para lanzar la candidatura de Haddad a gobernador de Sao Paulo, Lula dijo que Master era “el huevo de la serpiente” de Bolsonaro y Campos Neto, y argumentó que la firma fue autorizada a operar en 2019, bajo la vigilancia de su predecesor.

Ni Bolsonaro ni Campos Neto han sido implicados en la investigación en curso.