Gobierno de México se juega su Plan B eléctrico este martes en la Corte Suprema

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México prevé analizar y resolver el este martes 5 de abril la presunta inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por legisladores de oposición a su aprobación en marzo del año pasado, cuando en el Congreso se dio luz verde a los cambios que benefician para el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados, principalmente renovables. 

Las resoluciones de la Corte constituyen un proceso distinto a los 150 amparos interpuestos por empresas y organizaciones que cuentan con suspensiones al acto, pero cuyos procesos están cancelados en tribunales especializados por ordenamiento de la Corte mientras se desahogan las controversias.  

También están en una dinámica distinta a la de la denominada reforma eléctrica, que se basa en la iniciativa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados en noviembre pasado, buscando modificar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para darle predominio a la CFE sobre el despacho de energía, pero con otros cambios como la exclusividad del Estado sobre la explotación del litio y la disolución de los órganos reguladores energéticos autónomos.

Este proceso se lleva a cabo en el legislativo y tiene por objeto cambiar la Carta Magna para que los cambios previstos por la presente administración sean, obviamente, constitucionales. 

Claves para entender la reforma energética de México que preocupa al sector privado

Además, avanzó ya con un dictamen de las comisiones para que el próximo lunes se discuta en lo particular y general y pueda pasar al Pleno primero de los diputados, para su envío al Senado, su retorno y su promulgación, en caso de que sea aprobado. Sin embargo, la dirigencia del PRI ya manifestó este lunes que su partido votará en contra, con lo que no se alcanzan los 334 votos para lograr la mayoría calificada, ya que entre los diputados que aprueban la iniciativa y descontando las licencias, faltan 57 votos que tendrían que venir de la oposición, según la propia dirigencia de Morena. 

Así que, aunque en agosto pasado la propia Corte otorgó el amparo a tres empresas para que no se aplique la Ley de la Industria Eléctrica, mismo que contó con efectos generales, también recibió las controversias y acción de inconstitucionalidad a que pueden acceder los organismos autónomos, gobiernos de los Estados y legisladores, por lo que resolverá al respecto. 

Por tanto, el máximo órgano judicial tiene prevista la resolución de dos controversias constitucionales, así como la acción de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, respectivamente.

Lee el artículo completo en El Economista.