¿Qué es la suspensión perfecta de labores?: la medida que están aplicando las empresas peruanas para enfrentar la crisis

La agitación social que se instaló en Perú hace casi dos meses no cede y, con ello, sigue creciendo el impacto en varios sectores productivos, más allá de la minería y el comercio. 

Ello ha llevado a las empresas a activar medidas, algunas más extremas que otras, para amortiguar el golpe en las utilidades si es que los episodios de violencia y bloqueos continúan impidiendo el normal desarrollo de la cadena productiva. 

Tal es el caso de las compañías que operan, por ejemplo, en el sur del país, con mayor fuerza en Puno, Arequipa e Ica. Algunas han decidido adelantar las vacaciones de sus colaboradores ante la imposibilidad de operar normalmente, mientras que otras están optando por no renovar los contratos de quienes están a plazos fijos o instruir licencias con goce de sueldo. 

Eso sí, ello no disminuye la tensión respecto de que sea necesario que algunas industrias incluso opten por aplicar la llamada “suspensión perfecta de labores”, un recurso disponible en la legislación peruana y que ya fue utilizado en ese país recientemente.

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¿De qué se trata? 

La suspensión perfecta de labores es una medida excepcional que implica el cese temporal de las obligaciones del empleador de pagar las remuneraciones y beneficios laborales sin que esto suponga el término de la relación contractual con el empleado; que, para efectos de este recurso, dejará de prestar sus servicios pero seguirá teniendo la cobertura del Sistema de Salud, aunque no haya cotizado los cinco meses mínimos que indica la ley. 

El plazo máximo de la medida será de hasta 90 días, prorrogables de ser necesario, según indica también la normativa.

Este recurso fue aplicado en la nación inca -junto con medidas de apoyo, como créditos a tasa preferencial- durante la pandemia y de cierta manera replica otros mecanismos disponibles en otras jurisdicciones, como es el caso de España con su Expediente de Regulación de Empleo (mejor conocida como la Ley ERE, por su sigla), o la misma legislación chilena, que durante la crisis del Covid sacó adelante una iniciativa que apuntaba a congelar las remuneraciones para evitar el quiebre de empresas sin desvincular a trabajadores. 

Para Jorge Toyama, abogado laboralista y socio del estudio Vinatea & Toyama, “la situación supera las más duras paralizaciones derivadas del Covid-19. Ahora en Puno hay un 80% de la actividad parada, en Cusco 60% y Arequipa un 30%, siendo los sectores más afectados la minería, banca, turismo, comercio y  transporte, entre otros. Todo parece indicar que desde el 1 de febrero muchas empresas van a pedir a la autoridad la suspensión de labores sin goce de haberes”, apuntó en conversación con DFSUD.com. 

En esta misma línea, el presidente de la Cámara Peruano-Chilena de Comercio, Sebastián Herraíz, indicó que el sector empresarial está presionando a través de los gremios y otras vías para buscar alternativas en caso de que este clima de confrontación se mantenga. “La suspensión perfecta se utilizó con buenos resultados durante la pandemia, de ahí que se haya propuesto ahora una vez más en esta pasada”, dijo. 

Subsistir sin ayuda estatal 

Dentro de la industria existe consenso en que este estallido está afectando a la economía en forma muy relevante, dijo Herraíz al referirse a la potencial pérdida de hasta un millón de empleos formales en un país dónde la informalidad nunca ha bajado del 60% y que la pandemia empujó por sobre el 75%. 

Complementando lo anterior, Toyama explicó que a la fecha cerca de 80 mil trabajadores formales han perdido sus empleos y otros 50 mil podrían sumarse a esa lista, una vez se aplique la suspensión en febrero. 

Con este escenario como base, la preocupación de las compañías radica en cómo subsistir sin ayuda estatal siendo este uno de los puntos que el abogado laboral pone sobre la mesa. Esto porque, a diferencia de la última vez que se hizo uso de este mecanismo, no habría apoyo directo a las firmas, más allá de la posibilidad de suspender la relación laboral. 

Protestas en Perú comienzan a golpear a productores agrícolas y exportadores advierten pérdida de mercados externos“Desconocemos si el Gobierno dictará alguna regulación similar en el contexto actual”, dijo el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, Álvaro Gálvez, quien cifró en 12 el número de regiones en conflicto e indicó que una medida como ésta podría afectar, incluso, a un universo mucho más amplio y menos conservador que el que maneja Toyama, considerando el período en el que se prolongue la crisis. 

En cifras del ente que representa se podría estar hablando de unos “123 mil trabajadores del comercio; 381 mil en el área de servicios; 44 mil en minería, otros 112 mil en el sector de manufactura y, en construcción, unos 50 mil”. 

Así, de darse este escenario, Herraíz indicó que lo que se espera es “la suspensión se dé como parte de una batería de anuncios sectoriales más amplios para combatir los efectos de la crisis”, acuñó.