Perú: Alberto Fujimori sale en libertad tras polémico indulto

El exPresidente de Perú, Alberto Fujimori, dejó este miércoles la prisión donde cumplía una condena de 25 años por una matanza durante su gobierno hace tres décadas, luego de la restitución de un polémico indulto humanitario pese a la oposición de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.

Fujimori, de 85 años, abandonó la celda de una base policial ubicada en un barrio pobre de Lima donde permaneció 16 años, en medio de vivas de decenas de sus seguidores que lo consideran un héroe que salvó a Perú del terrorismo y colapso económico.

"Agradecida a Dios porque ya era hora, de que esta injusticia contra Fujimori termine. Gracias a él nuestro país esta de pie", dijo Catalina Ponce en las afueras del penal, donde algunas personas celebrabanla salida de Fujimori, en medio de bailes, cánticos y pancartas con su fotografía.

En tanto, sus críticos han rechazadola restitución del indulto, junto con los familiares de víctimas, legisladores de izquierda y defensores de DDHH, que han advertido que el perdón conlleva a un "grave incumplimiento" de los compromisos internacionales, en una situación que vuelve a polarizar al país sudamericano.

"El indulto es una vergüenza internacional", dijo Gisela Ortiz, quien fue ministra de cultura en 2021 y cuyo hermano fue una de las víctimas de las masacres, durante una protesta contra el indulto que tuvo lugar frente al Palacio de Justicia la noche del martes.

La excarcelación se produjo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) enviara este martes una nueva exhortación al país para abstenerse de ejecutar el indulto, que fue restituido por el Tribunal Constitucional tras una vertiginosa saga legal respecto al caso.

La Corte IDH pidió detener el indulto hasta que el organismo tenga "todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones" que exige el beneficio.

La decisión de abrir la cárcel para Fujimori demoró varias horas y estuvo en manos del Instituto Nacional Penitenciario que depende del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a un dígito a su nivel más bajo en un año de gestión, tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo.