Presidente mexicano provoca la ira de aerolíneas mientras ejército lidera transformación de aviación

Por Christine Murray y Claire Bushey

En una soleada mañana de viernes de este mes, la plaza exterior del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Ciudad de México estaba tan silenciosa que se podían escuchar los chirridos de los insectos.

El resplandeciente aeropuerto es el signo más visible de cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rehecho la aviación en la segunda mayor economía de América Latina, insertando al ejército en el sector e intentando presionar a las aerolíneas para que utilicen su nuevo centro.

El proceso lo ha puesto en conflicto con aerolíneas nacionales e internacionales y con el gobierno estadounidense, y hasta ahora no ha atraído mucho tráfico de pasajeros. Dentro de la terminal, ninguno de los 100 mostradores de facturación tenía cola, mientras que en la zona de llegadas una oficina de reclutamiento invitaba a los escasos pasajeros a alistarse en el ejército.

López Obrador, un izquierdista tradicional, le encargó en 2019 a la Secretaría de Defensa la construcción del aeropuerto, con un costo de US$ 5 mil millones, tras cancelar uno parcialmente construido diseñado por el arquitecto Norman Foster, alegando que el proyecto estaba plagado de corrupción. El Felipe Ángeles abrió sus puertas con bombo y platillo el año pasado.

El nuevo aeropuerto —administrado por el Ejército— es elegante y espacioso, pero también está a 44 km del centro de la ciudad, con conexiones terrestres limitadas. Las aerolíneas dicen que tienen que abaratar tanto los precios de los boletos para llenar los aviones que les resulta difícil ganar dinero.

Alrededor de 7.700 pasajeros volaron hacia o desde el aeropuerto cada día en julio, en comparación con los 90.500 del Benito Juárez, el saturado aeropuerto principal de la capital.

López Obrador está intentando cambiar eso. Este mes, las fuerzas armadas de México empezarán a vender boletos en su propia línea aérea comercial desde el nuevo aeropuerto.

En el Benito Juárez, las operaciones solamente de carga se detuvieron por decreto presidencial este año, lo que provocó la ira de los funcionarios estadounidenses. En agosto, una segunda decisión gubernamental recortó drásticamente los vuelos de pasajeros, provocando esta vez una feroz reacción de las aerolíneas internacionales y locales.

Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, su sigla en inglés), dijo: "El proceso ha sido ineficiente en este caso: tomar la decisión unilateral de simplemente empujar la capacidad a otro lugar, sin un buen análisis, sobre todo sin colaboración con la industria y sin trabajo en conjunto como ocurre en todas las demás ciudades del mundo. En última instancia, el pasajero va a sufrir con menos disponibilidad de vuelos, menos destinos y precios más altos".

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López Obrador ha enlistado a las fuerzas armadas para que lo ayuden a llevar a buen término sus proyectos en toda la economía, desde la construcción de líneas ferroviarias hasta sucursales bancarias del gobierno, alegando que son más eficientes y menos corruptas que los burócratas. Pero su inserción en la aviación ha sido especialmente acentuada.

El ejército ahora controla 12 aeropuertos, incluyendo uno nuevo que está construyendo en el popular destino turístico de Tulum, en la península de Yucatán. La marina controla siete aeropuertos, incluyendo el Benito Juárez, y las aduanas de todas las terminales del país. Antes de que López Obrador llegara al poder, los aeropuertos comerciales estatales y los servicios aduaneros eran gestionados por secretarías civiles.

"¿Para qué se entrena a las fuerzas armadas? Bueno, se supone que deben defender la patria", dijo Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "No se supone que administren un aeropuerto".

Para su nueva aerolínea, el gobierno gastó 816 millones de pesos (US$ 47,8 millones) en comprar la marca Mexicana de Aviación, aerolínea que quebró en 2010. Mexicana será subcontratada a una tercera entidad, lo que significa que la tripulación de cabina será civil y no militar, pero los generales supervisarán su administración.

López Obrador se ha apoyado en el ejército para llevar a cabo sus proyectos políticos en esta joven pero estable democracia, a pesar de la preocupación por la falta de rendición de cuentas y las acusaciones de corrupción. Ha defendido su estrategia, ya que alega que beneficia a los ciudadanos mexicanos.

"Todas las obras que hemos hecho en este Gobierno se han hecho con presupuesto público y son de la nación, son obras públicas; entonces, antes los gobiernos neoliberales, que estaban al servicio de una minoría rapaz, se dedicaban a vender bienes públicos, bienes de todos los mexicanos", dijo en una conferencia de prensa en agosto. "Nosotros no hemos vendido, al contrario, hemos adquirido empresas públicas".

Un puñado de países, entre ellos Colombia y Argentina, cuentan con pequeñas aerolíneas de pasajeros administradas por el ejército, pero en su mayoría se crearon hace décadas para volar a zonas remotas desatendidas.

En una presentación vista por el Financial Times (FT), una compañía con sede en Texas llamada Petrus Aero Holdings dijo que tenía un acuerdo preliminar de arrendamiento con el gobierno mexicano para dos Boeing 737-800 por US$ 350.000 al mes cada uno. Petrus ganaría otros US$ 627.000 al mes por servicios adicionales en los primeros seis meses, antes de añadir otros ocho aviones, según la presentación.

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Paul O'Driscoll, responsable de asesoría para las Américas de Ishka, un grupo de datos de aviación, dijo que los precios expuestos en la presentación "no eran baratos, eso es seguro".

Añadió que cualquier arrendatario que enfrentara un plazo ajustado para empezar a operar pagaría más, especialmente en el mercado actual, en el que la demanda de aviones supera a la oferta. Luis Evia, asesor empresarial de Petrus, dijo que las cifras eran "incorrectas y exageradas", pero que, debido a los acuerdos de confidencialidad, no podía dar más detalles.

Dijo que la compañía, cuyo nombre ahora es SAT Aero Holdings, brindaría servicios que incluían tripulaciones y mantenimiento y que había contratado a especialistas experimentados de la Mexicana de Aviación original.

La Secretaría de Defensa no respondió a una solicitud de comentarios, pero reservó unos 8 mil millones de pesos para la aerolínea en el proyecto de presupuesto de 2024. López Obrador dijo que este mes se pondrían a la venta los boletos entre el nuevo aeropuerto y las principales ciudades que ya cubren compañías del sector privado, como Guadalajara y Monterrey.

Dice que la aerolínea militar será un 20% más barata que las aerolíneas comerciales, algo que el sector de la aviación está observando detenidamente para detectar cualquier subvención que pudiera infringir la legislación mexicana sobre competencia.

Uno de los principales interesados en el futuro de la aviación mexicana es EEUU. Con cientos de vuelos diarios entre ambos países, es una de las rutas transfronterizas más transitadas del mundo.

Pero la decisión del presidente mexicano de limitar los vuelos de carga ha suscitado preocupación en Washington. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, visitó a López Obrador en junio para discutir la medida, que implicó para las compañías retrasos y mayores costos mientras esperaban por la nueva infraestructura de transporte.

EEUU ha evitado criticar públicamente al gobierno de México, cuya cooperación necesita en ámbitos como la migración y la seguridad.

Sin embargo, en una carta enviada en julio, el Departamento de Transporte de EEUU dijo que México no estaba aplicando plenamente un acuerdo de transporte liberalizado entre ambas naciones, citando "las recientes medidas adoptadas por el gobierno de México que afectan las operaciones de las aerolíneas estadounidenses en el aeropuerto internacional Benito Juárez".

Como resultado, suspendió una solicitud de inmunidad antimonopolio presentada por la aerolínea mexicana VivaAerobus y su homóloga estadounidense Allegiant.

Como dijo Cerdá, "las decisiones unilaterales sin un buen estudio analítico es lo que está perjudicando al sector y, en última instancia, a los pasajeros".