Peruana Aenza, ex Graña y Montero, anuncia acciones legales contra tres exdirectivos vinculados a casos de corrupción

El directorio de la constructora peruana Aenza, antiguamente llamada Graña y Montero, anunció este martes que decidió iniciar acciones legales contra tres exdirectivos de la compañía, por acciones ilícitas vinculadas a los casos “Club de la Construcción” y “Lava Jato” en el país.

Según comunicó la empresa en un hecho esencial ante la Bolsa de Lima, Jose Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker deben responder por "sus decisiones y conductas fuera del ámbito y funciones de los órganos de gobierno" que, a juicio de la firma, "instrumentalizaron a la Sociedad para cometer actos delictivos con relación a los casos de corrupción" antes mencionados.

Según la información difundida, estas acciones tuvieron efecto en "la sociedad y sus subsidiarias (que) sufrieron daños millonarios (por encima de US$ 2.000 millones) en gastos legales de defensa, multas e indemnizaciones a favor de terceros y proyectos y negocios frustrados".  

En ello se incluiría la anulación de contratos, la disminución de su plantilla laboral por miles de puestos y un impacto directo en más de 7.000 familias dependientes de la empresa.

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"Hasta el día de hoy, y a pesar de los cambios en el accionariado, en la dirección y en el modelo de gestión, la sociedad viene sufriendo las consecuencias de las decisiones tomadas por los referidos ex funcionarios, quienes desde 2020 ya no tienen ninguna participación ni injerencia en la gestión de la sociedad ni en ninguno de sus órganos de gobierno", agregó la compañía.

La estructura societaria de la firma ha cambiado, pasando a manos principalmente de accionistas institucionales: el 43,8% del capital social está controlado por los cuatro fondos de pensiones peruanos (AFP), mientras que el fondo internacional IG4 Capital posee el 27,8%.

Aenza ha continuado operando en el país y, actualmente, postula a una adenda de 10 años en su operación de la Línea 1 del Metro de Lima, a través de UNNA Transporte y su filial Tren Urbano de Lima S.A. Sobre el papel, Cumbra Perú y UNNA Transporte no pueden celebrar contratos con el Estado hasta finales de 2025, luego de someterse a la colaboración eficaz en 2023.