Superintendencia de Colombia abre investigación a Uber, Didi y Cabify por presunta infracción a la libre competencia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia inició investigaciones contra Uber, Didi y Cabify para determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores.

El organismo afirmó que las investigaciones se enmarcarán en un análisis sobre el respeto a las normas que protegen la libre y leal competencia, y que, por ende, el análisis no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que esto no se relaciona con el objeto de las actuaciones administrativas. 

En el evento en que se comprueben las conductas imputadas, la Superintendencia podrá imponer a cada persona jurídica multas de hasta 100.000 pesos salario mínimo mensual vigente; es decir, US$ 33,5 millones. Adicionalmente, podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las actividades económicas de las investigadas se adecúe a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.

De manera preliminar, la autoridad consideró que las compañías investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.

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"Esto porque las plataformas harían posible la prestación de los servicios y se encargarian de determinar aspectos fundamentales como el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma, y la determinación de los ingresos de los conductores. Todo lo anterior sería indicativo de la influencia fundamental de las plataformas, que no se limitarian a un simple rol de intermediación", expresó en el comunicado. 

Así, el incumplimiento de la regulación del sector de transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En particular, señalan que les habría permitido acceder a la prestación del servicio sin cumplir las condiciones para esto, definir la capacidad transportadora disponible, establecer la localización geográfica de los servicios, calcular las tarifas, y no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado.

Estas ventajas competitivas se habrían obtenido frente a los demás oferentes quienes, cumpliendo la regulación, enfrentarían costos que los posibles infractores de la norma no asumirían. En adición, afirman que la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio.