Plebiscito pensional en Uruguay: la reforma que pretende eliminar las administradoras de fondos de pensiones

El próximo domingo 27 de octubre se realizarán en Uruguay elecciones generales en las que se escogerá al próximo presidente del país y se renovarán las cámaras de Diputados y Senadores.

Pero, al mismo tiempo, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar un cambio constitucional que podría cambiar el sistema de seguridad social actual.

Puntualmente, el plebiscito propone sustituir el artículo 67 de la Carta Magna para implementar los siguientes cambios: eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), fijar la edad de jubilación a los 60 años e igualar el salario mínimo a la pensión mínima.

Actualmente, el sistema previsional es de naturaleza mixta, lo que quiere decir que se reciben las contribuciones obligatorias y otorga las prestaciones en forma combinada, “una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio”.

La última reforma al esquema se hizo en 2023, donde se creó un Sistema Previsional Común (SPC), en el que confluyen todas las entidades previsionales. Con ello, se determinó que los trabajadores realizarán sus aportes -por un lado- al Banco de Previsión Social (BPS) y a una administradora de fondos (AFAP). En otras palabras, es obligatorio participar del pilar de reparto y del pilar de ahorro individual. Además, se estableció la jubilación a los 65 años y 30 años de trabajo.

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El plebiscito y sus cambios

La iniciativa de una reforma constitucional nace a través de la central sindical única de Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores, conocido como PIT-CNT. En abril de este año, la unidad sindical entregó al parlamento cerca de 430.000 firmas para introducir este cambio en el sistema previsional
El plebiscito dará a los ciudadanos la posibilidad de sustituir el artículo 67 de la Constitución de la República a través de la opción "Sí" y "No".

Uno de los cambios que incluye este nuevo artículo es la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones, quedando el Estado como único encargado del sistema jubilatorio.

“El sistema de Seguridad Social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”, señala la propuesta de artículo.

En otro inciso, la propuesta plantea que la pensión mínima que tendrán los jubilados será igual al sueldo mínimo legal: “Ninguna jubilación, ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional”.

Asimismo, los ajustes en las jubilaciones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se harían en las mismas oportunidades que se hagan ajustes a los funcionarios estatales. “El ajuste no podrá ser nunca inferior a cero”, detalla la reforma.

Por otra parte, se cambia la edad de jubilación de 65 a 60 años para ambos sexos. “Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios, continuos o interrumpidos sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas”, detalla la norma.

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El mundo político

Una de las coaliciones más complicadas con la posición ante este plebiscito es el Frente Amplio, ya que tiene divididos a sus militantes en la decisión para apoyar o no este cambio constitucional.

Por un lado, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande -que conforman la coalición de izquierda- apoyan el plebiscito de seguridad social. Asimismo, un grupo de 111 economistas y profesionales de carreras similares del Frente Amplio empezaron una campaña en contra del plebiscito con el portal “Frenteamplistas por el No”.

En el caso del candidato presidencial de esa coalición, Yamandú Orsi, declaró estar en contra del plebiscito. El ministro de Economía en caso de que gane la presidencia, Gabriel Oddone declaró que “la reforma constitucional que promueve el plebiscito es un error (...) “algunas cosas que loablemente pretende resolver no las resuelve”.

Por la coalición de Gobierno, sus cuatro candidatos presidenciales (Guido Manini Ríos, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres) firmaron un acuerdo en contra del plebiscito de seguridad social.

“Instamos a los ciudadanos a no acompañar esta iniciativa que confisca el ahorro de los uruguayos y dinamita nuestro sistema de seguridad social, eliminando toda chance de inversión en otras políticas sociales”, señaló el candidato presidencial Álvaro Delgado, del Partido Nacional al que pertenece el Presidente Luis Lacalle Pou.